Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de diciembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

Este miércoles se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional en el sumario 18/98, en el que se juzgaba a decenas de acusados de integración en ETA y de diversos tipos penales relacionados con el terrorismo. Las penas, que varían entre los 2 y los 24 años de prisión además de multas e indemnizaciones por distintos delitos cometidos, suman 520 años de cárcel para casi todos los encausados. Sólo seis de ellos son absueltos y quedarán en libertad. Pero, con ser una excelente noticia, esas condenas no son la mejor novedad para la democracia española.

La auténtica importancia del sumario y de la sentencia radica en que se ha probado la integración en ETA de distintas asociaciones, grupos, fundaciones y empresas, y que la colaboración en las actividades ilícitas de esas entidades supone ya sin dudas una actividad terrorista punible. ETA es mucho más que una dirección política y una serie de comandos armados y asesinos: detrás de la banda hay todo un entramado financiero, social, doctrinal, jurídico y mediático que durante décadas permaneció impune. Esta sentencia sacude a ETA donde menos golpes había recibido hasta ahora.

Los etarras ahora condenados y sus acompañantes interrumpieron la lectura de la sentencia por parte de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, con gritos y cánticos abertzales, pero su altanería no oculta la victoria del Estado de Derecho contra el terror totalitario. Esta sentencia ha culminado un trabajo de investigación que inició hace una década el juez Baltasar Garzón, y llega tras un juicio de más de un año de duración. Aunque ha terminado dando la razón a quienes confiaban en la labor de los jueces, se ha dilatado sin duda en el tiempo. Ese tiempo, a partir de la sentencia leída en la Casa de Campo de Madrid, puede recuperarse con nuevas investigaciones que completen y amplíen la obra iniciada en el sumario 18/98.

El fallo declara la ilicitud de KAS, Ekin y Xaki por ser partes de la misma banda ETA, y de otras sociedades y sociedades como la Fundación Joxemi Zumalabe, Orain, Ardatza, Hernani Inprimategia, Publicidad Lema 2000, Erigane, M.C. Uralde, Untzorri Bidaiak, Ganeko y el Grupo Ugao Gadusmar, por colaborar decisivamente con la banda armada. No se trata sólo de la condena de algunas personas que pertenecen a esas entidades, sino de la comprobación de que diversas personas jurídicas eran meras tapaderas para apoyar y realidad actos de terror. Los cambios de nombre y de teóricos directivos de las asociaciones han supuesto un complejo trabajo de seguimiento, pero la instrucción ha sido correcta y ha logrado certificar que ETA ha dispuesto y sigue disponiendo de personas y de siglas que le permiten continuar existiendo pese a la presión policial. Desde hoy esa presión puede extenderse a más partes de la trama etarra sabiendo que los jueces están dispuestos a aplicar la Ley cuando los delitos se prueban.

Es importante, además, ver cómo los argumentos de la defensa etarra han sido enteramente rechazados por el tribunal. Este sumario no juzgaba las ideas de los acusados, y no se trata de violar las libertades de expresión, asociación y reunión. Esas libertades y derechos, que la democracia española afirma mientras ETA los viola, son algo muy diferente de la colaboración por cualquier medio con una banda armada. En España es lícito ser independentista, pero no lo es, ni puede serlo, extorsionar, informar, recaudar, reclutar y agitar en beneficio de ETA. Los condenados, desde hoy, se reunirán con la mayor parte de los etarras en el lugar donde todos ellos deben congregarse por el bien de España, del País Vasco y de la libertad: en la cárcel.

Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de diciembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.