Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de diciembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

Este jueves el Congreso de los Diputados rechazó la enmienda aprobada la semana pasada por el Senado, y el canon digital entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Los votos del PSOE no bastaban para salvar el polémico tributo, de manera que el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que emplearse a fondo para que los 176 votos de PSOE, IU, CiU y CHA fuesen respaldados por las abstenciones de PNV, ERC y BNG. La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información se ha aprobado con la oposición de PP, Coalición Canaria e ICV, y con un debate social que no ha terminado.

Políticamente, lo más sorprendente para un observador imparcial es que partidos con una posición programática contraria al canon -que no deja de ser un impuesto-, como CiU y especialmente PNV y ERC no hayan votado contra el canon. Zapatero debería explicar qué nuevos favores del Gobierno servirán para recompensar esos votos a favor y esas abstenciones, que no se explican ateniéndose a los principios exhibidos, por ejemplo, por los nacionalistas de centroderecha. Como en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, hay votos que tienen un precio; pero en marzo hay elecciones generales, y los ciudadanos dictarán sentencia definitiva sobre el canon y las incoherencias adyacentes.

Las posturas son ahora mismo muy claras. La opinión pública española, y especialmente la de los internautas y los más jóvenes del país, es claramente contraria al canon digital. Más de un millón y medio de ciudadanos han apoyado la campaña Todos contra el Canon, y la asociación que lleva ese nombre ha explicado gráficamente que «en el modelo propuesto los ciudadanos vamos a pagar por nuestras fotografías, por hablar por teléfono o por escribir nuestros correos». Millones de españoles son conscientes de que el canon presupone su culpabilidad en el copiado ilegal de obras, y de que el Estado va a recaudar millones de euros en beneficio de un grupo de ciudadanos privados, dando por supuesto que los modernos medios digitales son usados siempre para reproducir sus creaciones. En las elecciones de marzo Zapatero tendrá que explicar a la gente qué razones hay para que los consumidores en general, tratados como siervos y como delincuentes, se sometan a esta anticuada gabela señorial.

Es mayoritaria la opinión de que «las administraciones públicas van a subvencionar directamente la actividad de entidades privadas como son las entidades de gestión en razón de una copia privada que no hacen, algo que atenta contra todos los principios democráticos». Aunque lo explique con otras palabras, Teddy Bautista, presidente del consejo de dirección de la SGAE, asume que se trata de que la gente pague a través del Estado a su entidad, privada pero convertida en depositaria de una legitimidad que niega en cambio a los demás españoles.

Al lado de la gente está el PP de Mariano Rajoy. El líder popular mantuvo a su grupo en la misma postura contraria al canon que defendieron la semana pasada en la Cámara Alta, proponiendo en cambio una Agencia de la Propiedad Intelectual. No está en los principios del PP presuponer la culpabilidad de la gente, crear nuevos impuestos ni sostener artificialmente actividades económicas que la gente no quiere hacer rentables con su dinero. Menos aún si los beneficiarios son los gestores de la SGAE, que por su actitud politizada ya han dejado claro que su referente electoral es el PSOE. La gente deber saber que el PP, cuando gobierne, corregirá la imposición de Zapatero y sus socios nacionalistas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de diciembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.