Por Pascual Tamburri, 14 de marzo de 2008.

El profesor Luis Miguez, que es quien sabe de verdad de estas cosas, ha explicado en Elsemanaldigital.com qué significa la sentencia andaluza sobre la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Jurídicamente, las espadas están en alto. Políticamente, Zapatero ha recibido una derrota porque el reconocimiento de la objeción anticipa el final de la asignatura. Y si tiene que enfadarse con alguien ha de ser, precisamente, con Felipe González.

La objeción de conciencia, esté o no reconocida, es la negativa de un ciudadano a cumplir una obligación impuesta por el Estado (o por quien tenga autoridad, en fin), por razones «de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otras de la misma naturaleza». Y el problema no es tan sencillo como brindar por esta derrota de la LOE, porque es mucho lo que nos jugamos en esta compleja cuestión.

Abrió el fuego el artículo 30 de la Constitución de 1978, que establece la obligación de regular, y delimitar, la objeción de conciencia al cumplimiento del servicio militar obligatorio. Por primera vez se admitió entre nosotros que un español podía negarse legalmente a servir con las armas a la nación, un nuevo derecho que no se derivó por cierto de la moral católica –que bendice al gobernante establecido, la legítima defensa y la guerra cuando es justa- sino de ciertas creencias e ideologías muy minoritarias. Una vez creado el precedente, ¿por qué no objetar a otros deberes? y ¿qué es una justificación aceptable y qué no lo es? Pero en esto, por supuesto, los alegres compadres de la Transición no pensaron. ¿Por qué poner límites a la objeción, debieron de pensar?

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Felipe González hizo el resto. La Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, empezó a dividir a los españoles en tontos y listos, es decir en cumplidores y objetores. La puntilla llegó con las sucesivas sentencias y reformas que vinieron a legalizar no ya la objeción sino incluso la insumisión y a convertir en una patraña ficticia la prestación social sustitoria. El Estado, desde que existe, y antes de él los reyes y emperadores, habían considerado la imposición de un servicio militar, como la de impuestos (Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei Deo, Lc 6, 46), un atributo de la soberanía. La objeción de conciencia, al hacerse fácil y por tanto generalizarse, permitió que una masa de ciudadanos dejase de cumplir su deber impunemente. Y no era una cuestión de conciencia, que en realidad afectaba a muy pocos, sino de mera comodidad, o de hostilidad ideológica, que no moral, al Estado y a sus Fuerzas Armadas.

¿Dónde está el límite, si abrimos el melón de toda impunidad? La izquierda esperaba ser la única beneficiada por este problema que González nos ha legado y del que Aznar huyó creando la ficción baratita y acomplejada (en los despachos) de lo que deberían ser unas Fuerzas Armadas profesionales. El «derecho y deber» de defender a España ha desaparecido en la práctica arrollado por la objeción y la insumisión, que crearon muy pocas personas. Curiosamente muchos de los que aplaudieron entonces lloriquean ahora por el varapalo que se ha llevado la Ciudadanía, contra la que por cierto sí hay razones morales reales. Sinceramente: que se fastidien y que después recapaciten sobre todo el asunto, si quieren que sigamos teniendo un Estado digno de tal nombre.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 14 de marzo de 2008, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/gracias-felipe-gonzalez-quien-ciudadania-mata-objecion-morira-80796.html