Por Pascual Tamburri, 23 de marzo de 2008.

Regiones tan distintas como Cataluña, el País Vasco, Galicia y Baleares discriminan al español, mientras surge un movimiento de insumisión popular que llegará incluso a Navarra.

La Transición incluyó en el «debe» del franquismo una deuda más o menos cierta: la imposición educativa del monolingüismo en España, siendo varias las lenguas y las hablas de la nación. Ahora la situación ha cambiado, hasta el punto de ser perseguidos los castellanoparlantes, o sencillamente quienes quieren conservar su libertad lingüística. En las escuelas de algunas regiones es mucho más difícil hoy usar la lengua de todos que durante la dictadura emplear las lenguas y dialectos de algunos. Y contra esa nueva dictadura liberticida está surgiendo un movimiento cívico que tiene envergadura de rebelión popular.

Un marco legal muy claro

En 1978 quienes pactaron la Constitución creyeron resolver un problema histórico con uno de los artículos mejor redactados de la carta magna, el 3: «El castellano es de lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Teóricamente, todos contentos; a la hora de la verdad, la ley de la selva por un lado y el imperio de los complejos por el otro.

Dos cosas recuerdo con claridad de los años inmediatamente posteriores: la densidad, claridad y brillantez de los manuales de lengua y literatura de don Fernando Lázaro Carreter y las clases de don Juan Ororbia Gorráiz de esa misma materia. Sé desde entonces, por ejemplo, que el castellano se llama así hasta el siglo XVI, momento en el cual, al hacerse lengua de todos, empezamos a llamarlo «español». No porque las demás hablas de España no sean españolas, sino porque sólo una lo es de toda España y con dimensión universal.

La decisión política y la evidencia científica llevaron a una concreción legal. El gran problema no está en la Constitución, sino en la potestad de cada autonomía de regular la cuestión por su cuenta, hasta el punto de imponer alguna de «las demás lenguas españolas» en detrimento de la «lengua española oficial del Estado». ¿Y los derechos y deberes individuales? Hace falta un Gobierno dispuesto a velar por ellos, unos Tribunales decididos a protegerlos… o en su defecto gente normal, de la calle, como usted y como yo, que no se quiere dejar pisar.

«Galeuzca», un frente abierto

Está naciendo una coordinadora de varias asociaciones ciudadanas de Cataluña, País Vasco y Galicia para que sea posible estudiar en español. La cuestión tiene un punto cómico, si se ve desde fuera de España: somos el único país donde el problema no lo plantea la protección de una minoría lingüística, sino la opresión, segregación y aculturación de la mayoría a manos de pequeños partidos nacionalistas periféricos, atrincherados en sus respectivas autonomías. Quizás el único caso lejanamente parecido sea el del Alto Adige, pero en Bolzano uno puede estudiar en italiano, cosa que en Santiago, en Barcelona y hasta en Bilbao va a resultar técnicamente imposible con el castellano.

Los primeros 30 años de autonomía han «normalizado» los pequeños idiomas españoles en sus regiones de origen, a pesar de que no eran antes ni son ahora el idioma materno de la mayoría de los ciudadanos ni de la mayoría de los escolares. Esta imposición de hecho se ha realizado a través de la escuela y de las instituciones regionales. Primero se hizo universal la enseñanza del idioma minoritario y universalmente posible su uso como idioma vehicular en todos los lugares, a pesar de que la demanda no era tan grande y el coste fue enorme. Poco importó. Después las Administraciones autonómicas pasaron a considerar mérito preferente, y a menudo requisito, el dominio del idioma ante cualquier convocatoria: esto, con un proceso acelerado de transferencias, obligaba a elegir entre la sumisión o el aislamiento de las instituciones.

Poco a poco los funcionarios, docentes o no, fueron asimilados o trasladados. Después, a partir de la Ley de Política Lingüística catalana de 1998 y ahora con las nuevas medidas galleguistas y abertzales, los objetivos son más ambiciosos: se trata de reducir el español al ámbito familiar, y de discriminar su uso público impidiendo incluso su presencia en las aulas. En nombre de una libertad teórica, contra la libertad real de las personas.

No todos se someten: en Cataluña Acción Cultural Miguel de Cervantes, la Cervantina, presidida por Manuel Fernández, la Asociación por la Tolerancia presidida por Marita Rodríguez, Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja, en el País Vasco la Plataforma en Defensa de la Libertad de Elección Lingüística y en Galicia la Galicia Bilingüe que preside Gloria Lago quieren dar la batalla, tanto en las calles como en los tribunales, dentro y fuera de España. Lo que está en juego es importante para todos, porque la existencia de esta reacción pone en entredicho la gran mentira nacionalista, que identifica cada una de esas lenguas minoritarias con la respectiva región, y a ésta con el respectivo separatismo.

El problema de los complejos

Galicia es la prueba de que no sólo los nacionalistas crean problemas a la libertad. Los primeros pasos del gobierno con nacionalistas se han dado cumpliendo la legislación que el PP de Manuel Fraga promulgó aunque se limitase después a aplicarla con sentido común. Fue el ínclito Jaume Matas quien sentó las bases de una situación explosiva en Baleares, donde surgirá antes o después una plataforma por la libertad lingüística.

Navarra, en más de una década de Gobierno de centroderecha, no ha cambiado la Ley del Vascuence, de manera que Xabier Azanza, primero presidente de la Federación Navarra de Ikastolas y nombrado ahora director del millonario Instituto Navarro del Vascuence, proclama muy ufano que «no debe ser tan mala» la Ley porque «se han duplicado los euskaldunes». ¿De manera que la libertad es eso? ¿Fomentar a golpe de euros las lenguas locales prescindiendo de la voluntad de la gente y tratando de imponerse a la lengua de la nación y del Estado, ampliamente mayoritaria incluso en las regiones afectadas y aún más ampliamente querida? La imposición cultural y lingüística está en el programa nacionalista, y se les debe combatir pero no se les puede negar la coherencia. El problema de los complejos en otras latitudes, en cambio, es de más compleja solución.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 23 de marzo de 2008, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/rebelion-popular-contra-dictadura-lingistica-libertad-81084.html