Por Pascual Tamburri, 1 de mayo de 2008.

Hace muchos, muchos años, la Seguridad Social española generaba sin esfuerzos un superávit. No era un milagro, sino simplemente un país más joven y por tanto con menos gastos sociales per capita. Luego vinieron las legislaturas de Felipe González y el panorama se hizo sombrío: tanto el sistema de pensiones como el sistema sanitario estuvieron a punto de quebrar. Dentro de un par de años ya veremos si fue casualidad o si se trataba de una constante de todo buen Gobierno del PSOE. Por ahora contentémonos con analizar una de las fuentes más estúpidas imaginables de derroche público.

Entre las medidas adoptadas al final de la anterior crisis estuvo un cambio total en el sistema sanitario: se lanzó la idea de una cobertura sanitaria universal, y en consecuencia se dejo de pagar con cargo a las nóminas de los trabajadores y empresarios y se pasó a financiar con los impuestos de todos. Además, poco a poco, la Sanidad se transfirió a las Comunidades Autónomas, haciendo a cada una de éstas responsable de la atención a la gente y dejando unida, de momento, sólo la caja de las pensiones.

Así que, si ustedes me siguen, ahora mismo cada trabajador contribuye a la Seguridad Social desde su nómina para financiar las pensiones, y espera en el futuro que haya trabajadores suficientes para hacer lo mismo con él cuando le toque jubilarse. Demográficamente es imposible, pero de eso hablaremos otro día. El hecho es que la sanidad la pagamos todos, a través de Hacienda, para poderla disfrutar también todos.

Lo mejor del caso es que algunos la pagamos dos veces y no la disfrutamos ninguna. No, no se trata de la proporcionalidad y la redistribución de las cargas. Es sencillamente una paradoja, cara y evitable, de un sistema injusto.

Veamos. Los funcionarios siguen contribuyendo directamente desde la nómina, por un lado para las pensiones de clases pasivas y por otra a las mutualidades de asistencia social y sanitaria, como MUFACE, ISFAS y demás. Después, cada año y en cada provincia, los funcionarios pueden elegir con qué entidad quieren recibir sus prestaciones sanitarias, si con el servicio público –al que de todos modos tienen derecho, como todo el mundo- o con una compañía privada de seguros médicos. Una inmensa mayoría, por razones prácticas, elige el seguro privado, por el que paga, sabiendo que de todas maneras siempre estará la sanidad pública, por la que igualmente paga impuestos.

Y entonces ¿qué pasa con los funcionarios que eligen directamente la sanidad pública? Sencillamente que la pagan dos veces, una como trabajadores y otra como ciudadanos, en homenaje por un lado a sus propias (y anticuadas) convicciones ideológicas y por otro al arcaísmo de la normativa. Un donativo que no sirve para enmascarar el hecho verdaderamente escandaloso: que las compañías privadas dan un servicio más eficaz y satisfactorio con un coste menor. ¿Han pensado en esto los consejeros de sanidad?

En Navarra hay otros problemas

María Kutz, la encargada del asunto en Navarra, seguramente no ha tenido tiempo de hacerlo. Su actuación sanitaria más importante esta primavera ha sido cambiar de nombre al ambulatorio «General Solchaga», porque le han hecho falta treinta años desde que vino a Navarra para enterarse de quién fue el general en cuestión. Ahora, como guipuzcoana de pro, quizá le hagan falta otros treinta para darse cuenta de que la calle Hermanos Imaz de Pamplona no está destinada a los Hermanos Grimm, y así la podrá señalar a Yolanda Barcina o a su sucesor para que corrija el terrible desaguisado. La pueden llamar Hermanas Hurtado, por ejemplo. Porque esas cosas son las que de verdad interesan a la gente, claro que sí, y no la elefantiasis de un sistema sanitario público caro, ineficiente y lleno de paradojas.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 1 de mayo de 2008, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/receta-para-arruinar-seguridad-social-ayudemos-psoe-82578.html