Por Pascual Tamburri, 3 de septiembre de 2008.

La peor política económica es la combinación de la palabrería liberalista con la demagogia populista. El resultado es más crisis para casi todos. Harán bueno a Romanones.

España está en crisis económica. Ya no huyen de la palabra, todos la aceptan con la boca más o menos pequeña, desde José Luis Rodríguez Zapatero hasta Pepino Blanco. La cuestión está ahora en saber de dónde viene, sobre todo porque habrá que hacer algo para solucionarla. ¿O no?

Dejando los debates teóricos para quien crea en serio que la economía es una ciencia exacta, España tiene un problema que otros países no tienen ante esta crisis. Un porcentaje enorme de nuestro gasto público, de nuestra Administración, de nuestros servicios y en consecuencia de nuestra economía está en manos de las elefantiásicas administraciones autonómicas. La España de las autonomías puede gustar en teoría, o no, pero ahí está, y en términos económicos tiene un impacto evidente. Muchas decisiones que nuestros gobernantes pueden elegir contra la crisis están en manos de las diecisiete castas de sátrapas periféricos. Lo que diga Pedro Solbes tiene mucho menos efecto, tras veinte años de transferencias, que las decisiones de Enrique Fuentes Quintana ante la gran crisis de los 70.

Yo no entro en los aciertos o desaciertos de anteriores Gobiernos ante anteriores situaciones críticas. Me limito a recordar que este Gobierno, por excelentes que fuesen sus intenciones y hasta sus ideas, no podría actuar más que dentro de los límites marcados al Presupuesto y a la Administración Central por las autonomías.

¿Qué es una autonomía en términos económicos?

Una región autónoma, histórica, reciente o mediopensionista, foral, tribal o insular, de derechas, de izquierdas o de neardentales, es ante todo un organismo de poder. Es decir, está gobernada por unas personas que quieren seguirla gobernando. Podrán querer además otras cosas, pero si algo ha cambiado en España es todo lo relacionado con la aparición de esta nueva oligarquía advenediza que no está dispuesta a perder el poder y a volver a su gris normalidad previa. Para conservar el poder, usarán todos los medios públicos a su disposición. Como ha dicho Luis Miguez respecto a Galicia, «los Gobiernos autonómicos, que hoy en día dirigen las Administraciones prestacionales por excelencia de nuestro Estado, cuentan con ilimitados recursos propagandísticos para difundir sus logros, supuestos o reales, y no tienen recato alguno en hacer uso de los mismos». El gasto público es un instrumento de poder para unas personas que no quieren perder el poder.

Esto es doblemente peligroso. Por un lado, desde el punto de vista de la ortodoxia liberal, es claro que digan lo que digan esas nuevas administraciones tribales van a gastar si gastando preparan buenas elecciones y buenos futuros postelectorales para sí mismos y los suyos. Por otro lado, sin entrar en el debate (pero dejemos claro que el gasto no es pecado ni es ontológicamente malo), esas administraciones no van a gastar para sanar las heridas de la economía, para curar la crisis ni para servir el bien público sino, sin más, para conseguir votos o en su defecto negocietes.

Insisto en el anterior «digan lo que digan». El peligro de la pulverización autonómica del gasto público no está en la izquierda o en la derecha, sino en la misma naturaleza de la casta improvisada que se aferra a ese poder. Unos hablarán de gasto social, otros presumirán de austeridad liberal y unos terceros serán hermafroditas si se tercia; pero el verdadero problema en tiempos de crisis es la misma incapacidad del Estado para tomar decisiones como resultado de la institucionalización de los herederos de los viejos caciques.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 3 de septiembre de 2008, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/crisis-hara-ricos-caciques-autonomicos-tambien-liberales-86939.html