Subir los impuestos, premiar a los vagos, destruir un país

Por Pascual Tamburri, 30 de septiembre de 2010.

Hay servicios públicos que el Estado debe prestar. Y otros que puede ofrecer. Lo absurdo es imponer una calidad mediocre, hacerlos obligatorios y ocultar el precio que todos pagamos.

Ed Miliband venció el pasado fin de semana, por muy poco, a su hermano David. Edward Samuel Miliband, de 40 años de edad, es ahora el líder del Partido Laborista británico, y por tanto de la oposición a la coalición conservadora-liberal de David Cameron. Se ha hablado de nombres, y se ha discutido acremente, pero a diferencia de España ha habido un serio debate de ideas. Que parece haber vencido el sector más izquierdista. Fuera del Gobierno, claro.

Entre las políticas laboristas que el menor de los Miliband pretende impulsar está un impuesto a los graduados para poder no subir e incluso reducir las tasas universitarias. Las intenciones inmediatas del actual Gobierno son otras, básicamente subir las tasas para acercarlas al coste real, y a la vez aumentar las becas para quien las necesite… y las merezca.

El plan de Miliband tiene casi todos los elementos de un error socialista (y no hace falta recordar que su padre Ralph Miliband fue un notable teórico del marxismo). Si el coste de la enseñanza pública lo pagan los que la aprovechan –es decir, quienes completan sus estudios- el resultado final es que esas personas estarán pagando no sólo sus estudios sino también los de quienes nunca los completaron. No es que los pudientes paguen por los necesitados, sino que los que se esfuercen paguen por quienes no lo hagan. Un magnífico ejemplo de cómo premiar la ineptitud y castigar la excelencia, y de estimular la vagancia.

Ahora bien, hay cosas peores. Ed Miliband, él mismo graduado en Oxford, sabe perfectamente qué es una educación de calidad. Por lo menos los laboristas británicos, como los liberales y los conservadores, están de acuerdo en que se conozca el coste real de cada puesto discente en los centros de enseñanza, aunque disientan después en quién, como y cuándo haya de pagar ese precio. En España literalmente no sabemos cuánto cuesta cada plaza universitaria o preuniversitaria. Sabemos, eso sí, que sobran titulados, es decir que estamos proporcionando estudios superiores, a menudo mediocres, a personas que por sí mismas no los elegirían, que en circunstancias normales no serían capaces de acceder a ellos ni de completarlos y que luego en su vida, en realidad, jamás van a ejercer efectivamente como tales.

En muchos países europeos, por muchos defectos que tenga su enseñanza, ser bachiller, licenciado o doctor implica no sólo una formación sino además un rol conforme a esa preparación y un reconocimiento social. No en España.

Lo sangrante no es que un socialista como Miliband proponga algo así, sino que en nuestro propio país muchos representantes del centroderecha durante décadas han considerado este problema un tabú innombrable, y se han limitado a dar por buenas las políticas impuestas por la izquierda.

Ahora que han terminado las matrículas, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si junto al precio pagado por cada alumno (o no pagado) se le hiciese saber cuánto cuesta a todos ese puesto escolar o universitario? ¿Por qué los políticos no se atreven a hacerlo? Con un servicio no esencial, que no implica ejercicio de la soberanía, puede hacerse. Digo esto porque la enseñanza, a diferencia de la defensa, la justicia o el orden público, sí puede prestarse por privados. ¿Comparamos precios, o calidades?

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 30 de septiembre de 2010, sección “Ruta Norte”.
http://www.elsemanaldigital.com/blog/subir-impuestos-premiar-vagos-destruir-pais-109834.html