Por Pascual Tamburri, 14 de febrero de 2011.

Negarlo es puro populismo pueblerino: la España de las autonomías ha vivido por encima de sus posibilidades, y se sabía hace mucho. Ahora toca arreglarlo sin cometer injusticias.

Es noticia de estas semanas el debate sobre las autonomías. En realidad es el primero que vivimos en serio desde la lamentable agonía de la no menos lamentable UCD que nos llevó al felipismo. Hace tres décadas ya había quien sabía que la descentralización regional, la creación de Comunidades Autónomas, podía terminar en ruina. La derecha se centró entonces en avisar de la ruina política de la nación, y acertó; pero la más inminente es la que ha anunciado José María Aznar, y es la ruina económica.

La izquierda, los partidos nacionalistas y algunos representantes menores del centroderecha han saltado como fieras en defensa cerrada del orden autonómico vigente. Las autonomías concedidas en la Constitución y desarrolladas en su Título VIII y en los correspondientes Estatutos no figuraban en el guión democratizador de Torcuato Fernández Miranda, ni a decir verdad en el de Manuel Fraga ni en muchos otros. No son un requisito de legitimidad democrática, puesto que la descentralización o no de un país nada tienen que ver ni con su modernidad ni con su democracia. El debate es sano y perfectamente legítimo independientemente de lo que cada uno piense.

¿Una nueva LOAPA?

Aznar ha tocado ahora la tecla económica, lógico en tiempos de crisis, y otros han saltado. De esto y del «y tú más» al que llevaría inevitablemente el «café para todos» ya se dieron cuanta hasta algunos de sus culpables que lanzaron, tarde y mal, la LOAPA. ¿Es momento de una verdadera armonización autonómica, cuando el proceso ya ha terminado? Cualquiera que lea y entienda a don Eduardo García de Enterría comprenderá que sí, y que el precio de no hacerlo será enorme, no sólo en términos políticos, no sólo en consecuencias culturales evidentes una generación después, sino en euros contantes y sonantes.

Las dos diferencias, comparando 1978 con 2011, provienen del paso del tiempo: las autonomías son ya una realidad consolidada, y sólo desaparecerían en caso de una gran catástrofe nacional y dejando una cicatriz; además, muchos cientos de miles de españoles viven de la existencia de esas instituciones, y millones de españoles jóvenes han sido educados en el culto, a veces ridículo e incluso criminal, de la identidad localista. Así que algunas soluciones posibles en 1978, e incluso en 1982, no lo son ya en 2011. Hay que partir de la realidad existente. Aznar no está promoviendo una desaparición de las autonomías sino la reforma general del sistema precisamente para que no sobrevenga una situación catastrófica que, ésa sí, podría llevarse eso y mucho más por delante.

Alianza Popular y ahora el Partido Popular han llevado siempre en su programa y en sus principios la solución para todo esto: subsidiariedad y austeridad. Que no haya duplicidades entre las distintas Administraciones, que cada tarea sea desempeñada sólo por una de ellas, la más eficaz y más barata en cada caso al servicio de la nación y de las personas. Municipios, provincias, regiones y Administración central deben coordinarse, con un orden claro y no en perpetuo debate entre iguales; y cada uno debe conocer su lugar y desde él servir a la gente gastando lo menos posible.

Durante décadas hemos gastado más de lo que podíamos y teníamos, hemos derrochado como una horda de nuevos ricos recién desbravados. No podemos permitírnoslo, sencillamente, y es hora de actuar. Y no es el momento de defender pequeños intereses mezquinos rebozándolos en patriotismo autonómico: una de las cosas que nos jugamos es, por ejemplo, que pueda seguir habiendo autonomías viables. Aunque puedan vivir de ellas menos asalariados y pueda racionalizarse su distribución.

Navarra: una realidad distinta, una solución distinta

En Navarra ha habido una versión peculiar de este debate. Peculiar porque mi presidente, Miguel Sanz, ha hecho un defensa matizada del sistema autonómico y de sus bondades y otros le han rebatido. Yo no estoy muy convencido de la universalidad, eternidad y perfección de esas bondades, creo más bien que las autonomías están al servicio de España y de los españoles, y que no puede ser al revés. En todo caso, en este punto como en otros, Navarra juega en otra liga.

A la hora de reformar las administraciones territoriales españolas es legalmente posible casi todo, y políticamente viable una gran parte de ese todo. Con la Constitución en la mano (y ésta también se puede reformar) pueden desaparecer niveles administrativos, se pueden refundir municipios, provincias y regiones y cosas hoy insospechadas pueden ser mañana soluciones sin que se acabe nuestra democracia. Hay que recordar sólo una cosa más: Navarra no es autónoma del mismo modo que las demás regiones, porque su autonomía es preconstitucional, tiene un origen histórico distinto, un abanico de competencias distinto y una identidad no asimilable a otras.

De hecho, los fueros de Navarra, hechos constitucionales en 1841 como continuación del régimen jurídico medieval y moderno en vigencia de la Constitución liberal de 1837, han seguido en vigor con su misma formulación en distintos regímenes y constituciones. La actual con sus problemas es sólo una más de la serie. Los fueros, por su naturaleza, nacieron y viven al servicio del rey, de la comunidad y de su expresión moderna, la nación española; no hay fueros sin España o fuera de España, pero los fueros no pueden ser un juguete en manos de la clase política y la opinión pública de un momento. Es verdad que en estas tres décadas todo esto se podría haber gestionado y contado mejor desde la misma Navarra, pero el PP sabe bien que las claudicaciones despasado no deben legitimar injusticias en el futuro.

De hecho, en tono positivo, la reforma y modernización del régimen autonómico español debe implicar un hecho indudablemente positivo para Navarra como bien saben Sanz y Aznar, que en esto coinciden: la derogación, ahora sin pactos ni mediaciones, de la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución que liga Navarra a las tres provincias vascas. Y después, una gestión inteligente y moderna de una foralidad que es la expresión viva más evidente del principio de subsidiariedad.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 14 de febrero de 2011, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/centralismo-basta-autonomia-sentido-comun-justicia-112732.html