Por Pascual Tamburri, 20 de agosto de 2012.

Liberar al secuestrador Josu Uribetxeberria Bolinaga es una decisión más política que judicial. Apoyada por algunos que pedían penas ejemplares en otros casos.

El Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, decidió sacar de prisión al terrorista etarra Josu Uribetxeberria Bolínaga. La enorme polémica que ha seguido a este paso tiene dimensiones políticas (y no una sola de éstas), administrativas, constitucionales y, cómo no, morales. Eso sí, hay que hacer luz en el inmenso follón social y mediático en el que se ha embarcado –decisión suya es- el ministro Jorge Fernández Díaz. A todas las partes implicadas, desde las víctimas a los asesinos y desde los monaguillos a los jueces, lo primero que hay que pedir a todos es coherencia.

El Código Penal vigente y el Reglamento Penitenciario aplicable admiten la posibilidad (no el automatismo) de la libertad condicional por motivos humanitarios para los enfermos terminales. Sin embargo, el Ministerio ha decidido anticiparse a una posible decisión en ese sentido del juez Santiago Pedraz. Digo posible porque, aunque efectivamente el etarra tenga un tumor maligno, muchos cientos de presos peligrosos han muerto en prisión siendo aplicables las mismas normas, es decir que no se les sacó de la cárcel para que muriesen, sino que se les trató médicamente en la misma prisión. ¿Traficantes, violadores y corruptos son más peligrosos para la sociedad que los asesinos etarras?

Uribetxeberria Bolínaga podría haber seguido en prisión; al fin y al cabo su muerte es tan cierta como la de todos los demás humanos, y llevado hasta su extremo este falso razonamiento humanitario habría razones para que a todos se encarcelase y para que no existiesen las cárceles. Si se le suelta no es una inexorable decisión judicial, porque las normas admiten otras posibles interpretaciones, sino una decisión política (del Gobierno) a través de la Administración. Creo que tal decisión es literalmente legal (es decir, cabe también dentro de las normas vigentes), pero eso no dice nada bueno de la decisión sino mucho malo del marco legal y constitucional vigente… y del criterio con el que se aplica.

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero montó su tinglado de la llamada «Vía Nanclares», muchos medios de comunicación y el mismo Partido Popular, junto a las víctimas del terrorismo, entonces más unidas, dijeron que se trataba de «la traición a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho«. Era verdad: el PSOE apostaba por un final negociado de ETA, ante lo cual la postura de la banda se mostró en toda su rigidez. Si el Gobierno de España estaba dispuesto a hacer concesiones para apuntarse un triunfo político y evitarse problemas, claramente los etarras iban a pedir su programa máximo. Y por supuesto dejaría de haber deserciones de la banda, ya que nadie traiciona a un grupo terrorista que va a «ganar», es decir, que se acerca a lograr sus objetivos finales (amnistía, independencia, socialismo) .

Uribetxerria Bolínaga no cumple ninguno de los requisitos, aparte de su enfermedad, para salir de prisión. No se ha reinsertado en la sociedad. No se ha arrepentido de sus crímenes. No ha abandonado la asociación de delincuentes a la que pertenece. De hecho, su liberación, sin dar esos pasos, sólo puede ser un pésimo ejemplo moral y social, que demuestra que uno puede ser un secuestrador, con al menos tres asesinatos en sus manos, y ser al final premiado por el mismo Estado al que intentó destruir. Si los demás presos ven que con una huelga de hambre de medio pelo se sale, preparémonos para más. Si los jóvenes ven que al final los etarras vencen, preparémonos para que florezca su no demasiado próspero reclutamiento.

¿Todo esto a cambio de qué? ¿De una sonrisa de algunos abertzales y de heredar algunas de las bazas Nanclares? Muchos hemos votado asqueados de que el Estado –siempre con Suárez y Calvo Sotelo, a veces con González, a veces con Aznar y siempre con Zapatero– claudicase ante sus enemigos nacionalistas marxistas. Pero no para ver que sigue claudicando, sino que vuelve a la única política posible: represión justa y legal pero despiadada y sin límites que apesten a incienso de toda aparición de ETA, hasta la rendición incondicional de la banda. Esto se puede hacer. Pero hay que querer. La llamada tregua tiene el mismo valor que las convicciones humanitarias de Bildu, o sea nada.

Las leyes vigentes admiten una política mucho más sólida, como en parte hizo Aznar. No obligan a la claudicación. No obligan a liberar presos que no se arrepienten ni piden perdón ni abandonan la banda. No obligan ni mucho menos a hacer descuentos a los etarras que vuelvan y menos a los que estén en otros países. El simple hecho de pertenecer a ETA es terrorismo, así que mientras uno se manifieste y actúe como tal miembro puede ser juzgado, condenado y encarcelado conforme al Código.

Uribetxeberria Bolínaga no es el único malo, ni el peor, de este relato. Desde luego es el secuestrador y torturador de José Antonio Ortega Lara, y el asesino de al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas, y sin arrepentimiento, perdón ni enmienda no merece ningún descuento. Eso lo sabe bien el ministro, y también destacados y píos miembros de su partido político, y del partido de referencia del etarra. Pero en una España en crisis lo peor es el pésimo mensaje que se lanza a la sociedad, y el lamentable ejemplo que se ensalza con esto. Y eso no puede ser (y si las leyes fuesen límite, que no lo son, se cambian, que para eso hay mayorías parlamentarias; y lo mismo dígase de la Constitución que aquí nos coloca).

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 20 de agosto de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/soltar-asesino-pedir-carcel-para-corruptos-123659.html