Por Pascual Tamburri, 27 de agosto de 2012.

Muchos miles de edificios sin uso pueden ser devueltos a usos agrícolas y ganaderos. Ya han empezado en Irlanda. En España hay que aclarar cómo pagarán sus culpas.

El recién nacido de moda es, o va a ser, el «banco malo», la fórmula jurídica con la que el Gobierno pretende librar a las entidades financieras privadas de sus «activos tóxicos», es decir de sus malas y muy malas inversiones inmobiliarias hechas con gran alegría en tiempos de bonanza. Quizá sea inevitable, y sin duda es buena para los grandes bancos, pero hay que ver qué consecuencias tiene esta idea para los contribuyentes, que se van a convertir en propietarios subsidiarios de los inmuebles que los bancos no quieren, y sólo de esos. Y también para las Administraciones y sus políticos, que según la normativa española primero autorizaron, estimularon y hasta forzaron las obras que ahora no se venden (los Ayuntamientos y Diputaciones), y ahora dejan que el Estado, del que tanto gusta hablar mal en otros casos, las rescate tanto a ellas como a los banqueros.

España está llena de edificios a medio construir, o terminados y vacíos. Las inmobiliarias no saben ya que hacer. Las promotoras no hacen más que quebrar. Las constructoras, salvo que se nutran de otros negocios mejores, de la obra pública residual, de muy buenos contactos institucionales o se dediquen a los derribos o a obras en el extranjero, van casi tan mal como los bancos. A los que están destinados a pertenecer más pronto que tarde. Pero este abandono plantea dos preguntas que necesitan respuesta inmediata: ¿Qué se puede hacer con esos miles de casas construidas e imposibles de vender? Y por otro lado, ¿por qué el Estado rescata sólo las partes podridas del negocio, en lugar de dejar éste a su muerte natural o, si acaso, de asumir su control por entero?

En cuanto a lo primero, ha llegado la hora de los derribos. Esto se está haciendo ya en Irlanda, donde miles de casas y barrios construidos en la «burbuja inmobiliaria» y nunca habitados se han clasificado entre las que se pueden vender, las que se pueden vender con rebajas sustanciales o con demora y las que, sencillamente, no se pueden vender al menos en esta generación. ¿Y qué hacer? Invirtamos los pasos: para planear, urbanizar y construir estos barrios inmensos, desmesurados (y en general muy feos, pero qué vamos a pedir a esta recua de snobs) se arrancaron a la España rural grandes superficies de sus mejores espacios agrícolas y ganaderos, en general zonas de regadío o con acceso fácil al agua, en las cercanías de los pueblos y ciudades. Es evidente que no se puede dejar esas calles patéticas y esos esqueletos de casas ahí quietos durante tres décadas: un cometido del «banco malo» podrá ser buscar una rentabilidad a esos espacios, volviéndolos a dedicar al cultivo y al ganado, que nunca debieron abandonar. Curiosamente, la tierra devuelta a la agricultura tendrá más valor y producirá más rentabilidad directa que unos proyectos de casas que ni se van a vender ahora ni gustarán cuando otra generación de españoles sí tenga necesidad y posibilidad de comprarlas.

Y no hay que ocultarlo, es un guiño a esa tierra que no traiciona, y de la que tanto se avergüenzan nuestros actuales políticos a pesar de que es la única actividad económica sólida del país, ahora mismo. No hay que tener miedo a derribar: habría que haberlo tenido a meterse en aventuras imposibles, sobre todo los Ayuntamientos que fueron expresamente advertidos de que semejante camino no llevaba más que a problemas. Estos y los que aún no han llegado. Por eso, no se avergüencen ustedes de venir de donde vienen, y dejen que sus hijos, si les gusta, vayan al campo… ahí no hay «bancos malos» ni políticos prevaricadores.

Hablando de prevaricación y zonas limítrofes, una segunda pregunta es inevitable sobre el destino de los activos «no tóxicos». Librar a las entidades financieras de sus fardos pero dejarles íntegras y sin obligaciones las partes sanas de sus negocios es por lo menos dudoso moralmente, y no se legalmente. Sobre todo cuando esos negocios dependían de la benevolencia, amistad y carantoñas de los políticos, unos u otros. Veo totalmente justo y razonable que, vía derribo, se devuelvan a la agricultura, la ganadería o la naturaleza construcciones imposibles; pero no veo tan lógico que eso lo paguen todos los españoles y no de alguna manera con más esfuerzo esos cientos de españoles que se lucraron en la bonanza y que aún ahora retienen lo que consideran vivo y sano del negocio. Ya que su negocio no era construir casas, sino venderlas caras, y eso se llama especulación o si se prefiere usura.

¿Y si estamos asistiendo al inicio de un éxodo rural a la inversa?

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 27 de agosto de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/buenos-campos-sobre-ruinas-banco-malo-activos-123758.html