Por Pascual Tamburri, 27 de septiembre de 2012.

¿Quién critica la Ley de Mejora de la Calidad Educativa? Los que crearon el actual sistema, sectario, caro y fracasado. Ha tardado 9 meses, pero Wert emprende un trabajo imprescindible.

Cada uno se define por sus enemigos, entre otras cosas. Y sorprende la virulencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Méndez, de Toxo y de toda la progresía con o sin ceja contra la propuesta de reforma educativa de Wert. Basta ver quién se queja para pensar que no será mala, lo que hace inevitablemente buenas las ideas del ministro, aunque por supuesto ya que es humano no es perfecto. Como este otoño estará lleno de polémicas y de lloros a este respecto y a otros, es momento de ver los principales aspectos criticados por los defensores del sistema fracasado que padecemos.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 21 –antes de los Presupuestos y del inicio de la farándula otoñal- el anteproyecto tan esperado proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La reforma que protagoniza José Ignacio Wert, prometida por el PP a sus votantes de 2011, es la décima reforma educativa de fondo desde la Guerra Civil y la séptima en la vigente democracia. Es el cumplimiento de un programa, en este caso sí, y una absoluta necesidad. Parte de una constatación que casi todos admiten: el sistema educativo español funciona mal, tiene una alta tasa de fracaso escolar y de abandono educativo temprano unido a un porcentaje anormal de titulados parados o subempleados. A lo que se unen algunos problemas normalmente silenciados, como el exceso patológico de titulados superiores, la carencia de titulados profesionales y medios, su mala o nula consideración social, la igualación teórica y el vaciado progresivo de contenidos formativos. Se puede discutir qué hacer, pero era indiscutido e indiscutible que las cosas iban mal. Van mal, de hecho.

No son pocos ni menores los aciertos que anuncia la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se van a negar y habrá ocasión sobrada de debatirlos punto por punto, como venimos haciendo en este foro desde tiempos de José María Aznar; bastará por ahora que los enumeremos provisionalmente y señalemos algunas de sus claves.

Uno. Es una reforma más pensada para los alumnos y sus necesidades y menos para la comodidad y los prejuicios de algunos profesores. No se trata de aplicar unos clichés ideológicos, como hizo el PSOE en 1985-1990 y en 2004-2006, ni de buscar el aplauso de los sindicatos que antes se llamaban «de clase». Buena o mala se da una respuesta a los problemas que hay y que todos vemos, abandonando de hecho los puntos básicos impuestos con Rubalcaba trabajando en el Ministerio por y para el socialismo.

Dos. El Ministerio fija un porcentaje mayor de los contenidos educativos, más parecidos aunque no iguales para toda España. Wert no quiere decir «recentralización» (de hecho, por desgracia, no lo es), pero sí habla de «la necesidad de reducir la dispersión de los contenidos de la educación y de homogeneizar las clases». Tendremos así Comunidades con menos entrada en los contenidos y, finalmente, grupos homogéneos en su interior y diversos entre sí, similares en toda España (supuestamente). No puede ser, por ejemplo, que la Historia de España se imparta decentemente en Madrid pero se ampute de la Edad Antigua y la Media en Navarra por decisión de los prebendados locales.

Tres. Ese acercamiento de contenidos parte de un refuerzo de las asignaturas instrumentales, con más horas para Matemáticas, Lengua e Inglés y la supresión en Primaria de Educación para la Ciudadanía y de Conocimiento del Medio, que vuelve a ser Ciencias Naturales por un lado y Ciencias Sociales por otro. A todo esto, y a todo lo demás, queda por ponerle números y horas, pero la intención es buena.

Cuatro. Aunque no se suprime, hay una profunda reorganización de la ESO. Habrá menos optativas en 1º y 2º, y en 3º y 4º (13-14-15 años) los alumnos elegirán ya un itinerario formativo que será propedéutico para el Bachillerato o inicial de la FP. Terminamos así con la igualdad de vocaciones, capacidades y voluntades que la LOGSE imponía, y que tantos males trajo. Quienes hemos enseñado con ese sistema podemos poner cara y nombre a las víctimas de esa tara.

Cinco. Cambian por completo las pruebas estatales. Revocando todos los presupuestos educativos en vigor desde Villar Palasí en 1970, se crean «evaluaciones a nivel estatal», una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje y exámenes estatales (reválidas) al final de Primaria, ESO y Bachillerato. El examen de 6º de Primaria será necesario y orientador para acceder a Secundaria. El examen de Secundaria será necesario para obtener el título de ESO y para acceder a FP en una modalidad y a Bachillerato en la otra (los alumnos podrán examinarse de los dos si lo desean). Se suprime la PAU (Selectividad), y el examen de Bachillerato, nacional, será necesario para poder acceder a la Universidad (o sea, un Examen de Estado). Es un modelo que, si se desarrolla sin vacilación, puede mejorar radicalmente la calidad del sistema y la situación de los alumnos. Además, resta poderes a las Universidades (y por tanto a las autonomías), que hasta ahora gestionaban cada una a su gusto, capricho y conveniencia la Selectividad en su zona de influencia. Los alumnos de toda España tendrán la misma exigencia y las mismas garantías comunes.

Seis. Se completa y amplía la única parte del sistema que puede decirse que funciona, la Formación Profesional. Se crea de nuevo una Formación Profesional Básica, a cursar por alumnos de 14-15-16 años encaminados a una formación práctica en lugar de cualquiera de las modalidades del nuevo segundo ciclo de ESO. Es decir, que los alumnos que lo prefieran o lo necesiten pueden acceder a una formación profesional efectiva ya desde el final de su segundo año de ESO (equivalente a 8º de EGB y sustituyendo a los actuales y experimentales Programas de Cualificación Profesional Inicial, que además hoy no tienen sitio para todos ni permiten acceder a una titulación a todos). A la FP de grado medio se accederá desde la FP básica o desde la ESO en su modalidad profesional, dará una formación orientada a sectores profesionales y permitirá acceder a la FP de grado superior (cosa hasta ahora posible sólo con Bachillerato cursado o tras superar un examen especial). En relación con cambios en la legislación laboral, se prevé una FP dual, en la que los estudiantes adquieran una parte esencial de su formación ejerciendo trabajo remunerado en empresas concertadas.

Siete. Dentro de ciertos límites, se respeta la elección por las familias, también de centros concertados, cuya financiación se mantiene incluso en los colegios diferenciados por sexos. Es de pura lógica en un país que se dice libre. Además, aunque quizá se diga menos, es una decisión económicamente acertada: a día de hoy, y con diferencia, una plaza escolar en un centro concertado cuesta al Estado menos que una plaza en un centro público. Y no está el país ni para recortar libertades ni para aumentar gastos.

Ocho. Puede parecer virtud menor, pero la reforma se ha hecho sin ceder al temor paralizante de la crisis y los recortes. Teníamos miedo a que el Gobierno no cumpliese su promesa de reformar la educación, cuando precisamente está demostrado que el exceso de gasto ha acompañado durante una década al menos al descenso de la calidad. Porque la ideología es más cara que la realidad, y no han faltado ni dinero, ni medios materiales, ni docentes; al revés. En este sentido, la casi universal llamada al «consenso» parece equivocada: la izquierda impone sus criterios cuando tiene el poder y llama al consenso, para imponer también sus criterios, cuando no lo tiene. El futuro dirá, pero es mejor empezar este camino que no esperar al borde del mismo, atemorizados por la crisis, los problemas y las amenazas de la izquierda. Si alguien tiene valor para decir que ahora el sistema funciona bien, que lo haga.

¿Tendrá carencias la Ley de Mejora de la Calidad Educativa? Sin duda, sí. Se pueden hasta señalar algunas, y lo haremos a continuación (siendo además cierto que varias de las más evidentes podrían enmendarse en la tramitación o en la aplicación de la nueva norma). Pero por graves que sean, o por mucho que dejen con vida elementos putrefactos del sistema en vigor, siempre mejorarán lo que hoy tenemos.

Uno. Llega tarde. Cuando los socialistas tomaron el poder tras el 11M, en 2004, tardaron días en paralizar la reforma legislada (pero no aplicada) de la Ley de Calidad del PP. Wert ha tardado nueve meses en llegar a este preproyecto. La izquierda no tiene complejos ni miedos, y se cree en posesión de la verdad (incluso tras décadas de demostrado fracaso). No se pueden dilatar los plazos, porque hay problemas que no pueden esperar, y mucho menos podemos quedarnos, otra vez, con la miel en los labios.

Dos. No es una reforma completa. Toca claves del sistema en vigor, pero no cambia su estructura, y no porque ésta sea buena. Y deja al margen la Universidad (esto sí es lógico, temporalmente sólo). Ha de ser por tanto un primer paso, no la culminación sino el inicio de un proceso de reforma cualitativa.

Tres. No se modifica el acceso a la función pública docente ni se reordenan los Cuerpos Docentes del Estado, ni su entidad, ni su jerarquía, ni sus diferentes funciones y obligaciones. Y no se aborda la herencia (al menos) de los ocho años de alegre zapaterismo. No hay una organización clara de las diferencias entre los diversos Cuerpos vinculados a la enseñanza, ni de sus funciones, ni de sus retribuciones, ni del acceso a los mismos. Y eso tras pasar por un sarampión de concursos restringidos, promociones masivas, comisiones de servicios convertidas en prácticos nombramientos digitales (de maestros en secundaria, de profesores en inspección, por citar ejemplos muy cercanos) y vaciamiento de contenido académico de las oposiciones y de la subordinación funcional de unos a otros. Hacen falta normas claras y verdaderas y exigentes oposiciones centradas en el dominio de la correspondiente materia. Y hay tiempo para hacerlo, ya que este año, obviamente, oposiciones no va a haber.

Cuatro. Es muy peligrosa y manipulable la autonomía de los centros. Naturalmente que en un mundo ideal sería de desear que tuviesen sus propias actividades y sus propios métodos pedagógicos. Pero el actual modelo asambleario de gestión y de elección de directores es incompatible con eso, como lo sería desde ahora dar por «formados» a los equipos directivos funcionantes hasta el momento y aceptar lo que hasta ahora han hecho (o se les ha certificado como hecho) en cuanto a formación jurídica y técnica o en cuanto a experiencia y selección. Menos asambleas, menos APAS, menos consejos escolares y más valoración de los méritos académicos. Tenemos directores, y por Dios que no exagero, que no consiguieron en su tiempo ni el Bachillerato Superior, y no pocos que no son ni licenciados, y abundan también en el Cuerpo de Secundaria. Para tener autonomía necesitamos selección, probablemente reorganizando los Cuerpos y creando en Secundaria uno de Catedráticos con funciones directivas y de inspección… con acceso por oposición, claro, no por concurso restringido ni per saltum. Entonces, con verdadera selección cualitativa y una recompensa moral y material de quien la tenga, podremos hablar con fundamento de autonomía.

Cinco. La centralización y control no son completos, y se permite una amplia autonomía organizativa y formativa a las regiones autónomas (o sea, a todas), y más aún a las que tienen o tenían una lengua propia. Una anécdota para comprender qué variados usos se dan a esa autonomía: mi consejero y también amigo, José Iribas Sánchez de Boado, presumía el pasado 20 de septiembre de que los recortes no afectarán en Navarra ¡a una partida de más de 32.000 euros para promover el llamado bertsolarismo en los centros educativos navarros! Así que tendremos menos dinero para libros (y nos arreglaremos perfectamente, gracias), pero que no falte para la versificación en vascuence, algo sin duda crucial para la calidad educativa de todos, cómo no. ¿Esos «contenidos propios» valen su precio? No estoy tan seguro yo de que devolver competencias a un Ministerio siempre más profesional y menos dependiente del populismo localista sea tan malo.

Seis. Se dejan muchas puertas abiertas al futuro Reglamento, salvo que éste se presente a la vez que la Ley (que sería la mejor idea). El desarrollo concreto de las normas legisladas puede hasta dar la vuelta al espíritu de éstas, como bien se sabe. Por eso conviene una tramitación ágil, sin concesiones ni a la galería, ni a los sindicatos, ni a los partidos que crearon y mantuvieron el actual fracaso. Y a la vez, el Reglamento, para que no haya dudas. De momento, las hay.

Siete. No se determinan los modelos lingüísticos posibles y necesarios, y sólo se habla de un «refuerzo de las lenguas». Conviene poner por escrito que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar la lengua española, y que en consecuencia todos y en todas partes han de tener derecho a ser educados con el español como lengua vehicular única, mientras que nadie en ninguna parte podrá disponer que el español no sea enseñado y usado o que lo sea igual o menos que una lengua extranjera. Por experiencia, hay que detallar. También convendría hacerlo en el establecimiento de modelos que en todo o en parte usen lenguas extranjeras como vehiculares, por ejemplo para que en toda España las opciones sean las mismas sin confusionismo.

Ocho. En cuanto al acceso a la Universidad, al establecerse la «reválida de segundo», nacional, se suprimirá la PAU-Selectividad, pero las Universidades podrán establecer «requisitos adicionales para la admisión», es decir pruebas a su criterio en ejercicio de su autonomía. Ya podían hacerlo, pero garantizar la igualdad de derechos, la selección y la calidad en un distrito nacional único exige que de inmediato se aborde la reforma universitaria, con poda o supresión del poder autonómico por un lado y de la autonomía universitaria por otro (demostradamente caras e ineficaces), y la supresión clara y llana de Universidades o centros así llamados que sean redundantes. Hace falta coordinar las dos reformas, para que ser Bachiller primero y titulado universitario después, con la reforma Wert «post-Bolonia», sea para los jóvenes españoles una garantía de formación y de prestigio. No estamos aquí para buscar colocación a nadie, sino para formar a los españoles de mañana y crear las condiciones que permitan una sociedad más sana que el desorden paralizante y uniformista de hoy.

Como ha dicho mi amigo el profesor Francisco Pajarón: «Si la nueva LOMCE viene a solucionar esto bienvenida sea. Pero tendría que venir acompañada de un barrido de personajes e instituciones abyectas, ineficaces y con una cualificación a la altura de su falta de previsión y orden«. Al final, más que la ley y su reglamento, son cruciales las personas que los van a aplicar. Y las izquierdas han dedicado décadas en España a controlar los Cuerpos docentes, antes por entrismo ideológico, luego por poder y por moda y finalmente por ahogamiento (cuando el zapaterismo permitió la invasión de docentes por razones ideológicas y sin suficiente demostración competitiva de conocimientos). Todos los gestores del sistema, si éste cambia, deben creer en él o, alternativamente, saber que el sistema ha de ser disciplinadamente respetado y seguido por todos porque no habrá concesiones que castren la reforma. Es cuestión de personas y de pulso, y sólo con el tiempo veremos dónde llega la reforma Wert. Pero pese a sus carencias no cabe duda de que es un buen primer paso en la dirección opuesta a la seguida hasta ahora, la marcada por Maravall con Rubalcaba a su servicio, que nos ha traído hasta aquí. Si había dudas, las críticas dan la razón y la legitimidad a Wert.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 27 de septiembre de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/rubalcaba-relanza-wert-ahora-porque-cumple-prometido-124402.html