Por Pascual Tamburri, 29 de octubre de 2012.

El terrorismo es un crimen contra la Humanidad. Los crímenes contra la Humanidad no pueden prescribir. Por tanto, no hay asesinos de ETA que puedan quedar sin condena por pasar el tiempo.

Creo que estamos perdiendo el sentido del orden que pudiese quedar. Hace unos días murió Txomin Ziluaga, y no pocos medios de comunicación legales han hablado de él como si hubiese fundado la Cruz Roja u otra ONG… cuando en realidad fue fundador de Herri Batasuna, es decir de una organización terrorista y como tal fuera de la ley. Algo falla en un país donde circulan libremente razonamientos de ese tipo; quizá sea anormalmente alto el número de tontos, o el de malvados, o las dos cosas. Es el mismo país, por lo demás, que mandó a su casa al etarra Bolinaga, secuestrador y torturador de José Antonio Ortega Lara, y ahora tiene que verlo de bares alegremente por su pueblo. Y hace bien: si han sido tan lerdos como para levantarle la condena, que se aguanten. Si quieren enmendarse, que cambien las normas y los cargos que han hecho todo esto posible.

Ahora mismo, en España, los delitos de terrorismo de la banda nacionalista-marxista ETA son considerados a efectos penales como si se tratase de homicidios involuntarios o de coleccionismo de antigüedades catalogadas. La pertenencia a sus bandas políticas no es castigada, los crímenes prescriben, las penas no se acumulan si no es muy limitadamente. El buenismo de los progres nos ha dejado una Batasuna legal, y por tanto una ETA magníficamente representada en las instituciones, predicando si no imponiendo desde ellas sus políticas, con los medios del Estado. Y con los terroristas sabiendo que no cumplirán íntegras sus penas, y con muchas de sus hazañas impunes. Como para estar contentos, vaya.

En un acto de hace pocos días, en la jornada International Arbitration, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apelaba al llamado ´seny´ de los catalanes en la resolución de conflictos. El ministro pedía respeto a la ley, y así debe ser. ¿Pero qué quiere decir eso? Es bueno saber que el mismo ministro tiene no ya uno sino varios informes jurídicos, el más reciente un dictamen de Miguel Ángel Rodríguez Arias sobre el asesinato impune desde 1981 del empresario vasco José María Latiegui.

En resumidas cuentas, el asunto no es muy complejo. Los delitos comunes, como una garantía de nuestro sistema jurídico, prescriben tras unos años de su comisión, es decir no pueden ser perseguidos después de un cierto tiempo. Si los crímenes terroristas cometidos en España se minimizan y se consideran a la par de hurtos y menos graves que el tráfico de drogas (como parece que se quiere que suceda ahora), muchos de ellos quedarán sin esclarecer, sus autores sin castigar y los castigos, en todo caso, reducidos a la mínima expresión. Según el Observatorio contra la Impunidad, formado por asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, hay 326 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecer. Unos 130 de ellos, aproximadamente, ya habrían prescrito o estarían a punto de hacerlo. Y eso sin considerar los crímenes anteriores a la amnistía final del franquismo, en 1977.

En cambio, si se considerasen los delitos cometidos por la banda terrorista como crímenes contra la humanidad se evitaría la prescripción. Por norma de Derecho internacional, norma discutible en su esencia pero sin duda suscrita por la España actual, norma problemática pero cuya aplicación ha sido pedida y obtenida por la progresía internacional en los casos de la dictadura argentina y de la chilena, los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y contra los no nacionalistas ha habido una verdadera persecución selectiva por parte de los asesinos abertzales. En muchos otros casos, con mucha menos razón, lo han llamado «genocidio». Así es para los tres tipos de crímenes juzgados en Nuremberg y desde entonces (crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra), de manera que no se puede pedir su aplicación rigurosa en unos casos y su olvido en otros.

Alberto Ruiz-Gallardón tiene en sus manos una posibilidad que también está sobre la mesa de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. No cabe duda de que es una vía perfectamente jurídica –en la legalidad vigente- para evitar la impunidad. La misma izquierda y extrema izquierda que ha clamado por su aplicación a lejanos y ancianos dictadores no puede ahorrársela a unos asesinos con las manos manchadas de sangre. Usar ese argumento sería, qué duda cabe, un instrumento útil en un país con sobreabundancia de cobardes, de miopes, de tontos y de malvados. Aunque quizá no sea la mejor opción.

España, país soberano, y sus Cortes con todo el poder legislativo, decide qué es y qué no es delito y en qué términos. No necesitamos ampararnos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para declarar imprescriptibles los crímenes de terrorismo, ni para exigir que las penas impuestas se cumplan sin descuento alguno y sucesivamente. Podemos, sí, hacer que sean llamados crímenes contra la humanidad. Pero son algo que para nuestros gobernantes debería ser mucho más grave: crímenes contra España. Por eso, sería aún mejor que España, por sí misma, combatiese hasta el fondo este tumo, sin importar qué partidos y sindicatos hayan de ser ilegalizados, qué criminales hayan de seguir en prisión, qué personajes hayan de ingresar en ellas y, si fuese menester, que instituciones regionales hayan de ser intervenidas y enderezadas. Sin complejos.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 29 de octubre de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/tontos-imprescriptibles-malvados-fronteras-125043.html