Por Pascual Tamburri, 15 de noviembre de 2012.

Los bancos ejecutan hipotecas. Algunos desahuciados se suicidan. ¿Actúa peor el usurero al especular con dinero público, la gente al comprar lo que no puede o el Estado al no poner orden?

El suicidio de Amaya Egaña cuando iba a ser embargado el piso hipotecado en el que vivía, tras alguna otra desgracia similar, ha acelerado un cambio en la centenaria (y apolillada) normativa hipotecaria española. Mariano Rajoy –que si algo sabe es Derecho, y más de éste- ha aprovechado la circunstancia para intentar resolver a la vez varios problemas: una cuestión social, que es la de la vivienda de muchos españoles; una cuestión económica, que es la de los créditos dados y las hipotecas concedidas sin fundamentos sólidos hoy; una cuestión de Estado, que es la quiebra del sistema financiero y su rescate con dinero público y europeo; una cuestión política, que es o era la presión que algunos rivales hacían desde la calle con esta excusa. Y más cosas aún. Alfredo Pérez Rubalcaba, que tampoco es tonto, se ha unido a él en este rito mediático del consenso sobre todo porque necesita armas en su dura batalla interna. Pero el equilibrio sigue sin ser fácil: Rajoy es en definitiva quien tiene que decidir si quiere medidas sólidas y buenas para España a largo plazo, si quiere además justicia social para todas las partes implicadas, o si se conforma con una dosis mayor o menor de demagogia.

Si no es fácil es, justamente, porque la tentación del populismo es demasiado fuerte. Pedía el otro día José Ruiz Bartolomé «Un debate sereno y sin demagogia». Tenía, desde luego, razón. Lo fácil es seguir la corriente y ganarse amigos y popularidad afirmando las culpas exclusivas de la banca y aceptando la dación en pago retroactiva y generalizada como solución justa del problema. Hace falta valor para recordar que hay en todo esto mucha politización, y en sus causas unos problemas sociales y económicos muy complejos, cuyas soluciones, para serlo realmente, deberían ser igualmente complicadas.

Hay, ante todo, un problema de principios que tanto la izquierda como la derecha suelen olvidar, o quizá a veces simplemente ignoren. En palabras de Ruiz Bartolomé, «como bien sabemos, la Administración ha protegido hasta el paroxismo a las entidades financieras, y estas a su vez, a las grandes y endeudadísimas empresas que fueron protagonistas de la década loca«. El poder público, todos los partidos con poder por igual hasta ahora, han «rescatado cajas a costa del ciudadano, evitado la quiebra de las empresas hiperendeudadas de la burbuja, y permitido que los responsables de unas y otras se vayan de rositas. Es comprensible. Han salvado a los amigos«. Esos bancos que ganaron mucho dinero con todas las partes del juego inmobiliario, también las más sórdidas, y que ahora ejecutan las hipotecas aplicando la ley, son los mismos que han obtenido beneficios abusivos, especulativos y a menudo ilegales, que han ayudado a las grandes empresas amigas (cuyo hundimiento no les beneficia) y que directa o indirectamente están donde están porque se sostienen en dinero, ayudas, apoyo y complacencias públicos. Es posible que muchas de esas cosas hayan sido legales (otras, lo dudo). Es muy probable que muy pocas de las ilegales vayan a tener su desarrollo penal y fiscal debido. Pero es seguro que no pueden explicar que a la vez tengan la ayuda del Estado (en dinero, en beneficios fiscales, en tolerancia penal y administrativa) cuando el Estado más dificultades tiene y a la vez sean rigurosos con los españolitos que les deben dinero a ellos. O se es estricto con todos o se suavizan las reglas del juego para todos. Es antiestético e inmoral ponérselo fácil a los fuertes y difícil a los débiles, que además son los que aportan el dinero, el trabajo… y los votos.

Pero esto, aunque no sea muy popular decirlo, no es tampoco una cuestión de buenos y malos, de pobres oprimidos y de ricos opresores. Si la banca usurera especuló, inmoralmente a menudo e ilegalmente muchas veces, sus víctimas lo son en gran medida porque intentaron hacerlo también. O quizá porque quienes marcan las pautas sociales y culturales de este sistema les enseñaron a pensar que nada hay mejor que el beneficio material, y que lo «bueno» es lo «útil», y lo «útil» es lo «rentable». Incluso después de todo lo que está pasando muchos españoles piensan así y, lo que es peor, educan a sus hijos así. Al ciudadano común se le ha incitado a vivir como se le ha enseñado que era bueno hacerlo: por encima de sus posibilidades. Y eso quiere decir gastar más de lo que uno tiene, no pensar en el futuro, no prever ni mínimamente las contingencias de la vida, gozar de una riqueza material que no se tenía o que era frágil y pasajera… y sobre todo no asumir responsabilidades cuando llegan las vacas flacas. Un ciudadano que firma una hipoteca sabe, por ejemplo, que puede incluir la dación en pago en el contrato, pero eso tiene un precio en los intereses. Si somos un país de personas libres y responsables, hemos de suponer que quien no contrata la dación en pago es porque no quiere hacerlo, y que quien no contrata de partida posibilidades de concurso, de quita o de mora es porque prefería no hacerlo. Si el Estado entra a tutelar a los ciudadanos a la ligera, cuando llegan los problemas, será que no los considera plenamente capaces de tomar sus decisiones, una eterna minoría de edad y en consecuencia una devaluación del voto y de la misma democracia.

¿Es justo que la banca, usurera si nos atenemos simplemente al Catecismo, se lucre con la especulación en la bonanza, se apoye en el Estado con coste para los contribuyentes y finalmente sea estricta al exigir la aplicación de las normas que le benefician? No lo parece. ¿Es justo que algunos contribuyentes gasten sin tener y luego no afronten sus obligaciones y se apoyen, tanto como la banca, en el Estado y en el dinero público? Aunque demagógicamente sea fácil buscar diferencias, al final es lo mismo: es injusto, puesto que ambas partes (aunque una sea débil y la otra fuerte) pretenden obtener lo que no les corresponde. Y parece que, según sea la solución política, ambas pueden obtenerlo, pagando el precio todos los españoles y devaluándose la credibilidad del Estado. Si la norma se cambia a posteriori, sea quien sea el beneficiario, va a ser difícil hablar de seguridad jurídica, salvo que se haga pagar a todos.

Y no será porque no haya posibilidades. La banca, si se sostiene en dinero público o simplemente en benevolencia pública, tendrá que ser pública en la misma proporción o actuar como tal. Podría haberse dejado que bancos y cajas quebrasen, como otras empresas quiebran, pero no se ha hecho y lo pagamos todos; no tiene por qué ser gratis. Y una manera de pagar es, por supuesto, que la decisión sobre las hipotecas sea del mismo Estado que paga, no de los usureros que siguen beneficiándose sin riesgo. Del mismo modo, los españoles que han dejado de pagar sus deudas, no tienen por qué recibir un regalo ni de los bancos ni del Estado, ya que tienen unos compromisos pendientes. A ver cómo se lo explicamos a los que sí han pagado y sí han cumplido, o a los que decidieron no aventurarse en compras que no estaban seguros de poder pagar, o a los ciudadanos amenazados con más impuestos para pagar los impagos de otros. Otra cosa es que, por ejemplo, esas hipotecas sean ejecutadas en beneficio del Estado y sea el Estado el que, garantizando a la vez la seguridad jurídica y la justicia social, se ocupe de cobrar las deudas y de hacer pagar los alquileres. Regalos y rigor a todos o a ninguno, si queremos justicia.

Ante este escándalo moral, que ha visto a tantos españoles agobiados por el peso de sus decisiones, decisiones que tomaron impulsados por los mismos que ahora les embargan, es inevitable pensar en Pisa y en el Canto XLV de Ezra Pound.
«Con usura no tiene el hombre casa de buena piedra,
Con bien cortados bloques y dispuestos, de modo que el diseño lo cobije,
Con usura no hay paraíso pintado para el hombre en los muros de su iglesia…
no se pinta un cuadro para que perdure ni para tenerlo en casa, sino para venderlo y pronto…
Con usura nada está en su sitio (no hay límites precisos), y nadie encuentra un lugar para su casa.
Usura mata al niño en el útero,
No deja que el joven corteje,
Ha llevado la sequedad hasta la cama, y yace, entre la joven novia y su marido…»
Dejamos que los usureros ejerciesen la usura, educasen al país en la usura, la convirtiesen en modo de vida. Ahora, mientras buscamos una salida, «sientan cadáveres a su banquete, por mandato de usura».

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 15 de noviembre de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/acorralados-entre-populismo-electoral-usura-justicia-social-125408.html