Por Pascual Tamburri, 19 de noviembre de 2012.

Las leyes son para cumplirlas. Los Gobiernos para hacerlas cumplir, a partir de sus principios. Es peligroso que la ley tenga que adaptarse a ‘lo que hay en la sociedad’, cuando es al revés

El mismo día de la dimisión de su amigo el concejal Pedro Calvo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sentó un revolucionario principio, destinado a renovar la política española. La idea de que hay que «adoptar las medidas necesarias para que la legislación sea aplicable en la realidad social en la que en estos momentos vive España» la lanzó para referirse a la cuestión de las hipotecas inmobiliarias, pero dicha por un ministro del Gobierno adquiere un valor general.

Ha escrito José Javier Esparza preguntándose por «los dueños de inmuebles con inquilinos morosos, los propietarios de títulos derivados de hipotecas ajenas, los hipotecados que pagan religiosamente (aunque blasfemando) su cuota y temen verla gravada por las faltas ajenas, etc«. La cuestión es doble: por un lado, hay que preguntarse por la seguridad jurídica; por otro, hay que decidir si un legislador lo es para definir un marco justo de convivencia (y en democracia, el legislador es elegido por el pueblo conforme a un programa y a unos principios), o si el legislador lo es para adaptar las normas a la veleta de la opinión popular. Una veleta, además, tan voluble, tan manipulable, tan discutible, sobre todo si se considera tomándola en caliente y desde los medios.

Ruiz-Gallardón sabe mucho Derecho, pero ejerce ahora de político. Sabe, como jurista, que es imposible que «todo aquel que quiera acudir a una entidad bancaria para conseguir un crédito para adquirir su vivienda tenga un respaldo de estas entidades«. De hecho, para conseguir un derecho universal al acceso al crédito hipotecario el Estado tendría que pagar el precio. Es decir, en buena medida, que lo pagarían los demás ciudadanos, también los contribuyentes que han pagado con su esfuerzo sus propias hipotecas o que han sabido valorar bien sus fuerzas y nunca han pedido hipotecas que no podían pagar. ¿Pueden demorarse los embargos? Sin duda, pero eso tiene un precio. ¿Tenemos una banca pública que vaya a pagarlo? Sí, y podría ser mayor, pero eso también tiene un precio.

Adaptar la ley a lo que hay en la sociedad, o a lo que los medios dicen que hay, puede ser muy político si por política entendemos la conservación y conquista del poder a corto plazo. No es ninguna garantía jurídica. Tampoco es ninguna garantía de fiabilidad política. Decía el otro día en La Gaceta A. Lardiés que «decenas de normas se violan a diario en España que afectan al fraude, las banderas, el Rey o los espectáculos, como ocurrió en el Madrid Arena«. ¿Vamos a repetir para todos esos casos que «las leyes deben adaptarse a la realidad social y económica«? Extremadamente peligroso, aunque en ciertos casos y según para quien pueda ser cómodo y tentador. Yo no quiero que sea legal la desaparición o la destrucción de la bandera nacional, pero hay pueblos donde sucede impunemente… ¿lo vamos a legalizar porque hay una demanda social? Yo no quiero que pedir la división de España, matar para conseguirlo y ayudar o apoyar a los que lo hacen sea legal, pero inevitablemente hay unos cientos de miles de españoles que así lo quieren… ¿vamos a recoger en la Ley «lo que hay» en esa parte de la sociedad? Yo no quiero que se venda y se consuma impune y abiertamente todo tipo de drogas, pero grandes partes de la sociedad española lo hacen, se lucran haciéndolo, educan para hacerlo o lo dejan hacer… ¿vamos a adaptar la ley a «lo que hay» en vez de intentar mejorar la sociedad a través de la ley?

Vamos a poner un ejemplo cercano y seguramente más comprensible para los directamente afectados. Pedro Calvo, teniente de alcalde, concejal del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana en Madrid y presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, dimitió tras ser imputado en el caso Madrid Arena. Si tuviésemos que adaptar la legislación penal aplicable a este caso a «la realidad social«, por un lado tendríamos que aceptar las macrofiestas sin límite de edad, horario, aforo, conductas ni consumos (que son una «realidad social«), y por otro habría que restablecer la pena de muerte para el concejal Calvo (y cualquier encuesta popular demostrará cuál es «la realidad social» en Madrid al respecto). ¿Se va a hacer? Evidentemente no, porque aunque las dos cosas serían «aplicables en la realidad social» no serían buenas, ni probablemente justas, ni ayudarían a mejorar la sociedad. Pero esto que se hace en lo relativo a Madrid Arena hay que aplicarlo a todos los casos, también los hipotecarios.

Por supuesto que creo que Gallardón tiene razón sobre Calvo y que la imputación «no debe significar una condena previa«, pero «la realidad social» no dice eso. Claro que Pedro Calvo ha sido un colaborador directo de Gallardón en la Comunidad y en el Ayuntamiento durante doce años. ¿Y qué? ¿Adaptamos la ley a la realidad social sólo cuando nos conviene, o siempre, o nunca? Si vamos a empezar una revolución legislativa e ideológica en esa cosa de Markel Susaeta a la que antes se solía llamar España, bien podríamos empezar por Pedro Calvo. O cumplimos al ley o sometemos la ley a las circunstancias: pero con coherencia, por favor.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 19 de noviembre de 2012, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/adaptar-realidad-social-trabajar-sociedad-125487.html