Un Estado social, atemorizado, democrático y manoseado, de Derecho

Por Pascual Tamburri, 6 de diciembre de 2012.

Los constituyentes de 1978 recibieron la legitimidad del ordenamiento legal entonces vigente. Negársela es un mal servicio a la democracia y a la Corona, y una alegría para ETA y sus amigos

Conmemoramos un aniversario más de la Constitución que da forma legal a nuestra actual organización económica, política, social, y hasta intelectual. En medio de una espantosa crisis que es intelectual, social, política (y a veces hasta económica), aquí y allá se alzan voces a favor y en contra de reformar el ordenamiento vigente, en una u otra dirección. En todo caso, el mismo sistema lo permite y lo prevé, aunque la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cree que no hay que “manosear” la Carta Magna. Así sea, puesto que tantas venturas nos ha deparado (o así al menos lo ha dicho, muy orgullosa de su intervención, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril). Lo que no puede hacerse es ignorar qué es este Estado y qué no es, y cuál es su fundamento y dónde no se halla éste, por mucho que moleste; y es que ignorar esos extremos sólo sirve de alegría a los enemigos que comparten la Nación, el Estado y la Constitución (que son, siempre han sido y por definición siempre serán tres cosas radicalmente diferentes) .

Pretende ilustrarnos la supuesta propagandista batasuna Maite Soroa (“Lo que entienden por Estado de Derecho”, en Gara del 29 de noviembre) sobre qué es y no es un Estado de Derecho. Será que en estos años se ha dedicado al estudio y ha superado a todos, desde Juan J. Linz a Luis Sánchez Agesta, y sobre todo será que en la prensa chequista van ahora a darnos lecciones de Teoría del Estado. ¿Creó el compañero Pol Pot un Estado de Derecho? ¿Lo habría creado el compañero Krutwig en el imperio vasco de sus sueños, desde el Arlanza al Garona? ¿Esperaban los etarras de finales de 1978 que lo crease para ellos y con ellos el compañero Leónidas Breznev, tras una brillante ofensiva acorazada, terrorista o atómica que el pacato James Carter no detuviese?

Recordando la Constitución de 1978, es inevitable recordar dos cosas: que en ella los constituyentes definen el Estado reformado como un “Estado social y democrático de Derecho” (un solo Estado con una sola Nación, por cierto… pero ése es otro asunto); y que la mera posibilidad de que en España en 1978 hubiese un Estado, unas Cortes, un marco jurídico y unas instituciones (incluyendo la misma Jefatura) implica la necesaria preexistencia de un Estado de Derecho que sustentase la legitimidad y la consistencia de todo aquello. Todo, sí, incluyendo las leyes que permitieron la existencia electoral y política de Herri Batasuna, las que crearon la autonomía de las provincias vascas y las que permitieron una libertad de prensa tan, tan laxa como para permitir que Egin primero y Gara después se hayan publicado.

Cuando los constituyentes redactaron y aprobaron, el pueblo español refrendó y Juan Carlos I rubricó la Constitución del 6 de diciembre de 1978, España no creó un Estado sino que modificó el existente. No se trata de un nuevo Estado, sino de una reforma en profundidad del Estado español, algunos de cuyos elementos sustanciales se mantuvieron, y así se dijo reiteradamente a los españoles cuando se pidió su aprobación (y aunque no había internet sí hay archivos y hemerotecas, y nadie ignora que el Rey y sus entonces leales servidores así lo dijeron sin sombra de duda). Estado de Derecho quiere decir, sencillamente, una organización política permanente que cumple sus propias normas, normas permanentes que incluyen en su vigencia la posibilidad legal de su propia reforma (trasunto moderno de la pax publica de Augusto, citada por el Papa en su último libro). El Estado español gobernado por Franco no era, obviamente, democrático, ni era social en el sentido socialista, socialdemócrata o marxista (aunque las normas e instituciones sociales ahora recortadas en medio de tanta “indignación” son hijas del franquismo, por molesto que resulte), pero si era de Derecho, y su reforma, no su ruptura, trajo nuestras actuales instituciones.

Por eso, por supuesto, los enemigos atávicos del Estado lo eran por igual antes y después de 1978, y si la Ley franquista preveía y aun exigía la condena a muerte de los asesinos etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, Txiki, y la Ley actual obviamente obligaría a su condena a larga reclusión por los mismos delitos, es una cuestión de cambio en las leyes, no en su raíz. Los etarras a los que su gente adora y el presidente regional Patxi López reconoce como víctimas eran autores de delitos de sangre. Y no en legítima defensa, ni suya ni del Estado ni de la sociedad, sino buscando mediante el terror la implantación de un nuevo Estado socialista de estilo soviético en una parte de España. Algo enteramente rechazable, en su meta y en sus medios, tanto antes como después de 1978.

Es un error de una parte del PSOE y de algunos acomplejados bastante iletrados por un lado y por otro creer que su origen y su legitimidad política están más cerca de los etarras de 1978 que de los creadores de la legitimidad vigente en 1978, formal y funcionalmente madre de cualquier legitimidad de hoy y (salvo revolución) de mañana. Es curioso que los mismos que se distinguieron por no querer una ruptura en 1978 la quieran en 2012, póstuma y simbólica. El Estado, cuyo Jefe y cuyos símbolos eran antes de la Constitución los mismos que después, era y es (por ahora) social, es (o quiere ser) democrático, y desde luego no hay que manosearlo mucho. Pero ni entonces ni ahora puede uno atemorizarse ante los crímenes de unos y la ignorancia de otros, ni puede olvidar que era, y es, un Estado de Derecho. Es lo que hay. Quizá hubiese sido mejor entonces la ruptura, o el intento de tal, pero eso nunca lo sabremos. Es sorprendente ver cómo gana posiciones en la progresía el rupturismo terrorista entonces marginal aunque no por ello menos asesino ni menos totalitario.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 6 de diciembre de 2012, sección “Ruta Norte”.
http://www.elsemanaldigital.com/blog/estado-social-atemorizado-democratico-manoseado-derecho-125855.html