Por Pascual Tamburri, 4 de enero de 2013.

Si las infraestructuras de los años de derroche han de formar parte de la riqueza nacional… España no puede permitirse más improvisaciones.

Las obras públicas, como los impuestos y las instituciones, son patrimonio común de todos los españoles; esa riqueza común que en teoría si aumenta nos hace a todos vivir mejor, y que por tanto no puede gestionarse para satisfacer intereses individuales… Es más, cuando así se hace, es señal de que las cosas van mal, e incluso muy mal. Por ejemplo, por ejemplo… en España se ha decidido establecer un impuesto del 7% a la producción energética, suprimiendo ciertos privilegios que hacían artificialmente competitivas ciertas formas de generación, supuestamente más progres. Ahora Navarra dice que no, y hará que todos los navarros paguen los impuestos que en el resto de España pagan los que se benefician de la cara generación solar. ¿Bien público o concretos beneficios de personas e instituciones con nombres bien conocidos?

Con la energía, con los impuestos y sobre todo con las obras públicas no podemos dejar que los políticos piensen en sus conveniencias de hoy y prescindan del mañana. Son decisiones e inversiones que cuestan mucho y que quedan para muchas décadas y aun siglos. La miopía al decidir, aunque quizá convenga a algunas fortunas, no es la que esperamos de unos buenos gobernantes. ¡Y por cierto que la hemos tenido! Hablando de Navarra, en ella hemos visto debatir como si tal cosa si se hacía una Universidad Pública o una Televisión Pública, sólo porque «sobraba» dinero público; hemos visto hacer (pero no acabar) un enorme pabellón deportivo, previa expropiación del terreno, sobrefinanciación pública de un club de fútbol y mil maniobras más que han terminado sólo en más deuda pública y, eso sí, más trabajo para las amistosas empresas del ramo; hemos visto debatir con pasión cómo financiar con recalificaciones nuevas construcciones de cárceles, de centros de enseñanza, de pabellones de justicia y de todo… con resultados que nunca hemos visto convertidos en cuentas; hemos visto momentos de orden y otros de franco desorden en la previsión y construcción de autopistas y similares, aunque ahora todo parece terminar (menos los enlaces que nunca se construyeron) en el establecimiento de los peajes que se dijo que nunca se cobrarían.

La lista es muy larga, y tiene hasta momentos grotescos, aparcamientos aparte, como cuando se debatió muy seriamente si calzar todo el edificio de la Audiencia para girarlo sobre sus cimientos. Pero toda la lista tiene un problema común que necesita respuesta: demasiadas decisiones no se han tomado al servicio de la nación, de la región, del Estado y de los ciudadanos, sino como consecuencia de gustos personales, de chantajes o, peor aún, de intereses privados. Y ha llegado el momento de que se haga luz sobre todas las vergüenzas y nunca más se repitan.

Hasta que se complete el Tren de Altas Prestaciones (y podemos apostar al respecto, considerando tanto los medios públicos disponibles como la necesidad real del mismo… digo para los navarros, no para las constructoras), nuestra mayor infraestructura en servicio es el Canal de Navarra. El embalse de Itoiz es el mayor embalse del territorio de Navarra, tiene 122 m de altura sobre sus cimientos y 111 m sobre el lecho del río Irati, afluente del Aragón y tributario del Ebro al que regula. Su anchura de coronación es de 525 m y la superficie de embalse es de 1.100 ha, lo que permite no sólo la regulación del río y la producción de energía eléctrica sino la alimentación del Canal de Navarra (aún incompleto) con sus varios usos y algunos otros usos en principio menores, como los turísticos.

El embalse y el canal son motivo de proyectos desde tiempos del regeneracionismo, puesto que además de la generación limpia y barata de electricidad (demagogia aparte) se permitiría el uso eficiente (agrícola, y subsidiariamente humano e industrial) de aguas pirenaicas de otra manera poco o mal aprovechadas. De hecho, en los planes de infraestructuras figura esta obra u otra similar desde antes de la Segunda República, y siempre vinculada a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con la única diferencia de que había posibilidades de una obra aún mayor con mayor retención de aguas, que no se verificaron más por razones políticas que técnicas. Mala cosa ésta, que desde el principio una gran obra pública se someta a la política, con sus cobardías y sus bajezas.

Ya en esta democracia, esta obra tuvo un arranque triste y costoso. Grupos de extremistas de izquierda y abertzales, con pretextos ecologistas o sin ellos, boicotearon legal e ilegalmente, incluso con actos de grave violencia, el planteamiento e inicio de la obra. Como en el caso algo anterior de la autovía de Leizarán, la oposición tuvo apoyo abertzale e implicó una obra más lenta, menos eficiente y mucho más costosa, tanto por los atentados como por la necesidad de mayor seguridad. Aunque sólo fuese por esto, quieres en su momento estuvieron contra las obras deberían callar sobre su gestión posterior.

Y no es que haya sido una gestión maravillosa. Aún no está en marcha toda la generación eléctrica posible (que curiosamente sería más barata y sana que algunas de las fuentes llamadas regenerables). Y aún no están hechos los diques de cola del embalse. No está construido el Canal más que en su primera mitad (al norte del Aragón, para entendernos), y ya se han extendido zonas regables a comarcas que ni se anunciaron ni se previeron, y a usos de boca e industriales que no se preveían tampoco. Lo cual es un grave problema tanto ético como estético, puesto que el Canal se trazó poniendo las necesidades agrícolas como excusa y a los agricultores como principales financiadores. Mientras que lo segundo se está verificando incluso en exceso, lo primero es cada vez menos cierto… con lo cual tenemos una infraestructura más cara de lo previsto, incompleta, usada para lo que no se dijo y cada vez más pagada por los que en cada vez menos proporción pueden usarla. Y eso hasta que se les ocurra alguna genialidad política como, por ejemplo, hacer que los agricultores de la primera parte paguen la construcción que los políticos ahora no pueden pagar… en beneficio de otros agricultores, de comarcas, de ciudades y de industrias que ni estaban previstas ni contribuyen… pero sí gozan de las amistades adecuadas. ¿No será así, no?

La cuestión verdaderamente preocupante no son, pues, las obras públicas que «nos deben» (que se nos prometieron y por lo que sea no se han construido o nunca se construirán). Antes y más deben preocuparnos las obras públicas que «debemos» (que se hicieron a crédito, con una u otra cobertura, y hay que pagar cuando ya están en uso y amortización al menos parciales). Porque no fueron un regalo de los políticos, sino, una vez más, una mala previsión del futuro. Y es que los Reyes Magos no traen las obras, sino que éstas se pagan con nuestro dinero, aunque no siempre ni como se nos prometió ni en nuestro provecho. Conviene saber, eso sí, en qué provecho.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 4 de enero de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/regalo-trajeron-reyes-magos-obras-publicas-126263.html