El rencor de Urdangarin hacia la prensa encuentra a la aliada perfecta

Por Pascual Tamburri, 19 de abril de 2013.

El yerno del Rey impone la censura sobre la documentación de su socio Diego Torres. ¿La intimidad de la Infanta importa más que las libertades de la Constitución?

Se ha notado, y cómo, que Miquel Roca y el penalista Jesús María Silva se han hecho cargo de la defensa de la duquesa de Palma en el “caso Nóos”. En vez la defensa hasta ahora perpleja y atormentada de Iñaki Urdangarin los letrados elegidos por el Rey Juan Carlos para defender los intereses de su hija, la Infanta Cristina de Borbón, han preferido atacar. Y su ataque ha empezado a la vez en todos los frentes. Sólo que en este caso lo que se pone en juego es el derecho de todos los españoles a la información, y su libertad de expresión. Que no es poco.

La defensa de la hija del Rey se basa, sin mucho disimulo, en negar el menor valor a cualquier cosa que diga o entregue el exresponsable de Nóos Diego Torres. Roca y Silva hablan de “nula credibilidad” del exsocio de Urdangarin, dando por supuesto además que el procesamiento de la Infanta se debe a las declaraciones de Torres y sobre todo a los correos electrónicos cruzados en su momento entre éste y el duque, que se han ido revelando según los intereses de la defensa de Torres. Lo que nadie ha dicho, o al menos nadie ha demostrado, es que esos mensajes fuesen falsos en su origen o en su contenido… aunque puedan ser molestos.

Roca y Silva salvan directamente a la Infanta diciendo que “no cabe imputar a alguien para que, a través de una inversión de las cargas procesales, tenga que acreditar su inocencia, imaginando y elucubrando en su propio perjuicio cuáles podrían ser los supuestos indicios que sustentarían las afirmaciones del señor Torres, para así refutarlos”.

A ese mismo carro se apunta, aunque con unos meses de retraso, Urdangarin, que parece ahora opinar como los abogados de su mujer, que los mensajes de Torres “carecen de relevancia alguna como hechos base sobre los que sustentar una imputación”. El duque, en realidad, va más allá, al pedir y obtener de la juez titular del juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona la prohibición (que afecta a El Semanal Digital) de publicar nuevos correos electrónicos del duque de Palma que afecten a su intimidad o la de su familia. Ante la posibilidad de que el duque demande a varios medios de comunicación, la juez nos prohíbe “descubrir, revelar, publicar, difundir y divulgar en cualquier modo y por cualquier medio el contenido de los mensajes de correo electrónico que estén en poder del codemandado D. Diego Torres Pérez y que hagan referencia a la vida íntima del demandante o de su familia, así como hacer declaraciones, efectuar comentarios, emitir opiniones o juicios de valor sobre el contenido de dichos mensajes para preservar el derecho a la intimidad del demandante”.

Hay en todo ello varias contradicciones graves, que afectan a la seguridad jurídica de los españoles y a sus mismos derechos y deberes. Ante todo, va a ser imposible mantener a la vez que “el papel de S.A.R. Doña Cristina era meramente figurativo” y oír que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, pide a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la Infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin. Si la Infanta, además de figurar en el organigrama de Nóos, tenía o tiene una sociedad de gananciales con el duque, los correos de Torres no son tan excepcionales ni tan dudosos, sino que confirman la existencia de una herida más que infectada.

En España, según la Constitución “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, de modo que las leyes aplicables a la Infanta lo son a todos los ciudadanos. Si protegemos a la Infanta y a su marido, por serlo, como no se protege a nadie más, crearemos una anomalía constitucional, muy contraria a esas “condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. No podemos censurar una información de interés general (como lo es, por definición, todo lo que afecte a la Familia Real) en nombre de “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad” y de la intimidad consagrada en el artículo 18 de la Constitución, pero sólo en este caso, y a la vez negar la igualdad del artículo 14 y la libertad ideológica del 16.

¿Puede limitarse la libertad de expresión del artículo 20 en nombre del derecho de unas personas públicas a la intimidad? Veremos en qué queda el asunto, pero en principio hay una interpretación indudable: las altas personalidades del Estado no tienen intimidad en el mismo sentido en que la tenemos los demás, justamente por su rol institucional. Urdangarin por una parte y su esposa por otra no pueden pretender de los tribunales una protección a veces ordinaria y a veces extraordinaria, según les convenga.

Menos aún cuando los correos de Diego Torres, molestos e inoportunos, no han demostrado ser inciertos. Y menos aún cuando la misma juez, aunque prohíbe publicar esos mensajes, no ha prohibido a los medios “emitir y efectuar afirmaciones, declaraciones, insinuaciones, comentarios, opiniones y juicios de valor sobre presuntas infidelidades, escarceos amorosos o supuestas relaciones extramatrimoniales del demandante”. Justamente porque esa vida íntima es noticia para los españoles, dada la posición de las personas implicadas. Al menos la posición que tenían y ejercían cuando las sociedades de Torres, Urdangarin y Borbón hicieron sus mejores negocios.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 19 de abril de 2013, sección “Ruta Norte”.
http://www.elsemanaldigital.com/blog/rencor-urdangarin-hacia-prensa-encuentra-aliada-perfecta-128441.html