Por Pascual Tamburri, 21 de junio de 2013.

Si algo no funciona o se arregla o se cambia o se quita. Vale para cualquier casa. Vale también para la Administración, en cuya reforma Rajoy encuentra más chantaje que apoyo de Rubalcaba.

Diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cincuenta provincias, casi 10.000 ayuntamientos y entes locales, todos ellos con sus administraciones, sus políticos, sus poderes, sus funcionarios, sus órganos de Gobierno, sus empresas públicas, sus contratas, sus haciendas y sus historias. Ah, y lo que va quedando del Estado, que antes se ocupaba de todo. Podemos seguirlo llamando «Estado del Bienestar» pero a todos los efectos, y Mariano Rajoy no se privó de decirlo en la campaña electoral de 2011, está siendo un «Estado del derrochar». Y más en medio de esta crisis.

Por eso el Partido Popular llegó al poder, con mayoría absoluta y triunfalmente, con unas propuestas explícitas y unos principios de fondo que implicaban una reforma a fondo de las administraciones (no sólo de las regionales), con un recorte de los gastos (es decir, del dispendio) y una racionalización de los servicios. Una cosa de puro sentido común que el Consejo de Ministros de este viernes empezó a concretar en las 217 propuestas de reforma aprobadas. Toda la clase política la ha entendido como lo que es, la madre de todas las reformas, unos para apoyarla y llevarla adelante y otros para horrorizarse y defender sus prebendas.

Prebenda no es una palabra excesiva. Tomando un ejemplo casi inocente, en España hay hoy once Defensores del Pueblo autonómicos además de Soledad Becerril: ¿Implica eso más calidad democrática, mejores servicios o, simplemente, más gastos y más cargos pendientes de nombramiento? Pues así todo. Prebendas, cuando no simple abuso de la gestión pública. Y ese tipo de situaciones, multiplicadas casi hasta el infinito, son las que legitiman la iniciativa del Gobierno Rajoy, que empezaba ahora por un intento de ahorrar 8.000 millones de euros retocando las administraciones pero que de todas todas, en la lógica del programa del PP, podía y debía llegar mucho más lejos antes de terminar esta misma legislatura.

Que la cosa se puede hacer está más que demostrado. Lo ha demostrado María Dolores de Cospedal, con sus recortes de sueldos, su supresión de cargos y de órganos y la anulación de los sueldos de los parlamentarios; lo han hecho también Alberto Núñez Feijóo e Ignacio González, rompiendo tabúes y apostando por reducir el número de diputados. Una reforma autonómica en profundidad se puede y se debe hacer. Y si algunas autonomías no quisiesen contribuir, mejorando ellas, al bien común de una mejor gestión, Mariano Rajoy y el Estado tienen los poderes necesarios para dirigir una reforma común de todos los territorios y de todos los niveles de la Administración. No se puede esperar a que las autonomías quieran ser reformadas, o limitar las reformas a lo que ellas mismas quieran, porque hay muchos intereses en no tocar nada.

Rajoy tiene el programa y tiene los poderes para recomendarlo primero y para imponerlo después si las regiones no son solidarias. El PP ha sido siempre partidario de la subsidiariedad, de la idea de que cada tarea la haga sólo una Administración, no cuatro a la vez, y que la encargada sea la más eficaz, la más barata, la más competente. Otras pueden ser recortadas y también suprimidas, por el bien común del país y de los españoles. No tiene sentido por más tiempo dejar las diputaciones huecas de contenido mientras asumimos la carísima ficción de que un Ayuntamiento de 100 vecinos puede dar los mismos servicios que uno de 100.000.

Es triste ver que Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido ministro en los Gobiernos más caros e insolidarios de la historia de España, se permita vetar partes de la reforma de Rajoy mientras se hace la foto del consenso (europeo, claro). Y sería aún más triste que el PP pagase la foto renunciando a partes centrales de sus planes.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 21 de junio de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/gobierno-ordena-vacas-sagradas-estado-autonomico-129691.html