Por Pascual Tamburri Bariain, 7 de julio de 2013.
Publicado en La Gaceta.

Hace unos cuantos días Fernando Sánchez Dragó escandalizó a España diciendo que «el Estado de las Autonomías debería desaparecer». Hubo quien, políticos y comunicadores profesionales, pareció escandalizarse como si fuese una nueva herejía, una solución nunca mencionada o la transmutación de todos los valores. Ya, ya. Será que esto de las autonomías regionales ha existido siempre, que era inevitable, que fue una buena solución o que… ha resultado eficaz a la par que barato. Será eso.

Pocos días antes, y dejando aparte cuestiones de precio, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, dijo por otro lado que las comunidades autónomas «deben saber hacer frente permanentemente» a la «ofensiva nacionalista» en España. Y el problema, en breve, es que no lo hacen. Unas porque no saben, otras quizá porque no pueden, y desde luego algunas porque no quieren. De hecho, algunas nacieron, en las mentes de sus creadores, contra España. ¿Soluciona eso el problema? No, lo agrava. ¿Legitima eso las autonomías? No, las empuja aún más al barro.

La herencia con más consecuencias de la Transición es aún hoy la reorganización territorial de España. Una Transición a la democracia que nadie propone anular, pero que está en manos de los españoles mejorar. Que se puede mejorar está claro, porque los fallos del régimen son cada vez más visibles, algo razonable si se recuerda como Pío Moa fue “dirigida por personajes de tan bajo nivel intelectual y político como Juan Carlos y Suárez”. Verdad es que hubo otras personas y otros perfiles intelectuales, académicos, políticos y hasta éticos, como los últimos años de la Corona han recordado a todos. Pero pocos nombres se reparten la responsabilidad de lo que nos legaron, como durante años se han repartido el supuesto mérito de su aclamada clarividencia.

Algo bueno de la Transición es que, a pesar de crear este sistema territorial heterogéneo, caro, injusto y proclive al separatismo, dejó en la misma Constitución todos los instrumentos para corregirlo o en su caso anularlo. El pueblo español puede mejorar el sistema, cambiando las Leyes o la misma Constitución. Cuando los políticos de una región actúen contra el bien común de la Nación, el Gobierno puede aplicar el artículo 155 e intervenir en esa autonomía, suspendiendo algunas de sus competencias o todas, por un tiempo o para siempre. Aún en 2013 sólo hay una soberanía, de la que nacen todas las leyes, también los Estatutos.

La otra opción es pagar y callar. Las autonomías son caras. No por gastar mucho, sino porque su precio no se corresponde con sus funciones ni con la calidad de sus servicios sino con el coste de la casta. Es hora de afrontar sin tabúes una reforma de un sistema que no funciona.

Por Pascual Tamburri Bariain, 7 de julio de 2013.
Publicado en La Gaceta.