Por Pascual Tamburri, 18 de julio de 2013.

Más de 800.000 españoles figuramos en la lista de cuotas pagadas al PP. Pero ´El País´ no debe publicarla y Ruiz Gallardón debe defenderla.

El juez Pablo Ruz se había ganado una imagen de trabajador y escrupuloso, respaldada por la masa enorme de documentos, declaraciones y testimonios que está teniendo que manejar en los casos Gürtel y Bárcenas. Eso sin contar la presión mediática, que en la última semana había liderado curiosamente El País al recordar su condición de juez suplente –y sólo suplente, a la espera del retorno del titular progresista- en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Ruz ha cometido un desliz en su gestión, o quizá no, que también del diario de Prisa se ha apresurado a aprovechar. Un paso mal dado que pone en duda el futuro de Ruz.

El País ha publicado que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue afiliado del Partido Popular entre 2008 y 2011. Una información de carácter privado se hace, así, pública. Y el asunto tiene tres filos pero no igual de peligrosos. ¿Puede un magistrado del Constitucional ser afiliado de un partido político? ¿Puede un periódico hacer público un dato tan personal? ¿Cómo y por qué un medio de comunicación ha tenido acceso a una información privada? La situación actual de España hace que la cuestión más explosiva sea, de momento, la tercera.

Según el artículo 159 de la Constitución ser miembro del Constitucional es incompatible «con el desempeño de funciones directivas en un partido político». Pérez de los Cobos habría sido afiliado, no dirigente, de modo que no hay incompatibilidad, aunque el mismo artículo diga que «los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes». De hecho, el presidente ya no paga su cuota de militante. No hay incompatibilidad, y si la hubiese habido el PSOE tendría que hacer examen de conciencia sobre las tres décadas de historia del Tribunal.

La misma Constitución garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen», lo que se desarrolla en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: «Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias». Difícilmente El País puede basar en la libertad de expresión y de información del artículo 20 la violación de los derechos de Pérez de los Cobos. Será un pleito difícil.

¿Pero cómo ha sabido eso la prensa? Figura en la lista de donantes y afiliados al PP (37,14 euros anuales, en este caso) que la Audiencia Nacional posee como consecuencia del caso Bárcenas´ Alguien ha filtrado la lista; ciertamente no el juez, pero la responsabilidad de la custodia es suya. ¿A quién interesa la filtración? A los enemigos del presidente del Constitucional; o a algunas acusaciones de Bárcenas; o a alguien interesado en desacreditar a Ruz; o a alguien incluso interesado en la anulación del proceso y de las pruebas. Esto se va a reprochar a Ruz, pero es dudoso a quién va a beneficiar. Lo seguro es que debería asumir la responsabilidad política –no la judicial- un viejo y buen amigo de El País, el ministro de justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Yo soy uno de los otros 800.000 afiliados que figuramos en esa lista, y quiero saber quién tiene mis datos y quién debería protegerlos y no lo hace.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 18 de julio de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/tiembla-caso-barcenas-rompe-derecho-constitucional-basico-130249.html