Por Pascual Tamburri, 27 de septiembre de 2013.

Un desarrollo legal de las funciones del Rey y de don Felipe no implica un ataque a la Corona. Cerrarse en banda es facilitar los ataques a los Borbones, ya por de por sí sencillos hoy.

La enésima operación de cadera del Jefe del Estado, en el fondo nada escandaloso en una persona de su edad y con su ajetreada vida, se ha convertido en la excusa para un debate político. En él, los dos grandes partidos parecen de acuerdo en no desarrollar «por ahora» las funciones y regulación constitucionales de la Corona. Sin embargo, Rosa Díez, sin incurrir en los exabruptos republicanos de la oposición minoritaria (que se pueden esperar en IU y en ERC y que no dejan de sorprender en el PNV), ha puesto el dedo en la llaga: si no es este el momento, ¿cuál será?

Dicen desde UPyD que para PP y PSOE cuando no sucede nada «no hace falta» definir lo que la Constitución dice sobre el Rey, y cuando a Don Juan Carlos le pasa algo para los grandes partidos ese debate «no toca». Y sin embargo en algún momento habrá que hacerlo: en la Constitución de 1978 el Título II es amplio y ambiguo, y deja muchas puertas abiertas que es precisamente conveniente tener bien definidas en los momentos de necesidad.

En los últimos meses, el historial hospitalario del Rey, algunos de sus deslices personales y errores financieros, y especialmente las equivocaciones de su familia más cercana y su entorno han convertido en polémica una institución que antes estaba muy bien cotizada entre los españoles. Sólo demostrando ante los ciudadanos seriedad, estabilidad y eficacia se cerrará el paso a un debate a largo plazo sobre el futuro de la institución; y es la misma Corona la que debe indicar su voluntad al Ejecutivo y al Legislativo, más allá de una inmovilidad que sólo beneficia a sus enemigos.

El centro del debate no está sin embargo en los asuntos mediáticamente más sensibles como pueden ser el patrimonio, los impuestos, las asignaciones presupuestarias a la Corona o las relaciones de ésta con el mundo de los negocios. Estos asuntos, con ser graves, no dejan de tener una importancia derivada de la función constitucional a la cabeza del Estado, que recae en Don Juan Carlos desde 1975 y en sus sucesores legalmente desde 1978. No son personas privadas, y precisamente porque no lo son no pueden ni ser tratadas como tales ni comportarse como si lo fuesen.

Ahora bien, las limitaciones de la naturaleza humana se han hecho evidentes en las recientes operaciones del Rey, y nada hay legalmente previsto sobre, por ejemplo, su sustitución temporal en sus funciones por el Príncipe de Asturias. Él mismo, hace casi 40 años y siendo Príncipe de España, reemplazó temporalmente al entonces Jefe del Estado. Esa sencilla figura, que impide un vacío legal y formal que nadie desea, era posible con la anterior normativa pero no lo es hoy, mientras no se atiendan las más que sensatas peticiones de recoger en una Ley Orgánica el desarrollo constitucional al respecto. Abrir ese melón no es atacar a la Corona, sino hacer posible su defensa; encerrarla en una ficticia quietud es un favor de muy dudoso alcance. Y el tiempo dirá a quién interesa cada opción.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 27 de septiembre de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/zarzuela-moncloa-reforzar-principe-hace-131319.html