Por Pascual Tamburri, 21 de octubre de 2013.

La doctrina Parot cubría una necesidad jurídica en España. Si se acepta sin más la sentencia europea a favor de una asesina de ETA se dará un paso hacia la victoria política de la banda.

El Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, tiene en sus manos todas las decisiones sobre la cuestión política del momento. Porque la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional puro sino una institución internacional creada por un tratado diplomático, y nadie puede esconderse hoy detrás de la palabrería del «respeto a la independencia de los jueces». Tras una sentencia política, que ha suscitado comentarios políticos, España ha de dejar políticamente clara su decisión. Y el Gobierno ha de explicarla.

El TEDH de Estrasburgo ha sancionado a España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río Prada, condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos que incluyen el del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron otros 12 guardias civiles. Si se conceden a la asesina todos los beneficios penales imaginables –los que desde Henri Parot no se aplican a los criminales más peligrosos-, terminará cumpliendo menos de 25 años de cárcel por dos docenas de muertos y muchas más víctimas, y encima le pagarán un dinerito con fondos públicos. Ni tan mal.

Peor aún, si el Estado acepta esta imposición exterior, el mismo criterio aplicado a todos los terroristas, asesinos y violadores cumpliendo pena en España pondrá de inmediato en la calle a más de una cuarta parte de los mismos. En todos los casos, la pena cumplida será completamente ridícula en proporción a la pena impuesta y más considerando la muerte y el dolor causados. Más aún si tenemos presente que hablamos de miembros de una banda terrorista que sigue existiendo, que no se ha disuelto, que sigue armada y pidiendo la independencia y que ellos ni se han arrepentido de sus delitos ni de pertenecer a ETA.

Que la aplicación por el tribunal de Dean Spielmann del Convenio Europeo de Derechos Humanos es política nos lo demuestran los nombres de quienes quieren que la resolución se acepte sin más como si fuese una sentencia. De entre los comunistas de IU, Gaspar Llamazares quiere aplicar la resolución «sin subterfugios» y el diputado Alberto Garzón la llamó en Twitter «buena noticia». En el PNV el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, valoró «positivamente» la cosa y colocó los Derechos Humanos «por encima de lo demás». Tampoco explicó dónde deja los derechos de las víctimas, pero no suele hacerlo. Y esos derechos no importan nada, y nunca han importado nada, a los más felices de todos, a los que se sienten triunfadores con esta resolución. Bildu, Sortu, su ahora líder Hasier Arraiz, Pernando Barrena, Pello Urizar, la secretaria general de LAB Ainhoa Etxaide y el grupo habitual ya están por las calles coreando «Euskal presoak, etxera». Faltaría, para terminar, su no menos clásico «Gora ETA militarra» .

Los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, han dicho que el Gobierno «velará de manera muy especial por que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas». No ha quedado claro qué quieren decir. Les falta recordar en público un hecho jurídicamente irrebatible: la asesina Inés del Río fue condenada en todas las instancias por los tribunales de un Estado soberano, el español; aceptar o no una decisión exterior es rasgo propio de esa soberanía. No es una fatalidad inevitable, sino una decisión. Hay precedentes en los que un país, en ejercicio y defensa de su soberanía, recuerda que ésta está por encima de sus tratados con otros países.

Se equivoca de punta a cabo la socialista vasca Idoia Mendia diciendo que «son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia». No es así: en democracia lo que se afirma es que el pueblo español es el sujeto soberano, que no lo son ni sus partes ni los políticos ni las instituciones internacionales a las que pertenezca. Por eso se puede hacer, y es una salida posible tanto legal como políticamente, lo que pide el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz: Mariano Rajoy, en ejercicio del poder ejecutivo de esta democracia, y si quiere con el respaldo absoluto del legislativo, puede no cumplir esta resolución de Estrasburgo en nombre de la soberanía nacional de España. Si por el contrario se acata y se cumple será también signo de una decisión política del Gobierno, en la dirección contraria. Lo que no es, diga lo que quiera el ministro del Interior, es un mal inevitable.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 21 de octubre de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/ejecutivo-tiene-escapatoria-digna-para-acatar-sentencia–131734.html