Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de octubre de 2013.
Publicado en La Gaceta.

Este 24 de de octubre se han cumplido tres meses del accidente del tren Alvia, en Santiago de Compostela, con 80 muertos, muchos heridos y una polémica que como bien sabe Ana Pastor es a menudo más política que técnica. ¿Cuál es el futuro de los trenes en España? ¿Y de los transportes en general? Porque, aparte de los accidentes, tenemos un sistema de transportes –trenes de alta velocidad, autopistas, aeropuertos- concebido por y para un país rico… algo que España creyó ser pero que ahora y en un futuro previsible no va a confirmar.

Visto desde fuera, el caso de la curva de A Grandeira fue por lo menos extraño, insólito. No es muy normal, en principio, un límite de velocidad a 30 en una línea supuestamente de alta velocidad (o como tal inaugurada). No se trata, contra la costumbre españolísima, de buscar culpables entre técnicos ni entre políticos. A veces, y quizá ésta sea una, las cosas suceden sin que haya ni dolo, ni provecho, y ni siquiera una torpeza extraordinaria. Se trata más bien de entender qué pasa, y por qué, y de procurar que estas cosas no pasen más. Especialmente por supuesto si al dolor de las víctimas y el coste para los contribuyentes se uniese la incapacidad profesional, la incuria institucional o el beneficio inmoral de alguien.

Una serie de decisiones ha multiplicado en España los kilómetros de carreteras de alta densidad y alta velocidad (autovías y autopistas), ha dotado de aeropuerto casi cada capital de provincia, con algún caso mucho más allá del límite del ridículo y del dispendio, y ha llevado las vías férreas de alta velocidad, con o sin ancho europeo, con muchos proyectos aún en curso, casi a cada extremo del país. El precio, o mejor dicho la primera parte del precio, ha sido un mantenimiento cada vez menos cuidado de las carreteras (las ordinarias y ahora también las autopistas), una capacidad de rutas aéreas muy superior a las necesidades y también a las posibilidades reales (AENA está tirando los precios para conseguir viajeros) y unos trenes que unen con razonable eficacia las ciudades principales pero llevan cada vez menos a la España interior.

Democráticamente, no cabe discusión sobre la mayor parte de esas decisiones. Las han tomado políticos que habían sido elegidos conforme a las normas vigentes. Unas normas que no obligan a elegir al más capacitado, ni al que sepa más de un asunto, ni al más honesto, para encargarse de algo. Así que esas decisiones –las de los transportes, entre otras muchas- pueden no ser las mejores para los españoles, ni las más rentables, ni las más eficientes, ni las más adecuadas; pueden incluso ser tomadas en interés de determinados sindicatos, o partidos, o amistosas empresas de obras y construcciones, o bancos financiadores, y no por ello ser antidemocráticas, ni ilegales. El precio en sangre de A Grandeira, o el precio en dinero del TAV de Navarra, caro y capón como el pabellón Navarra Arena, deberían hacernos pensar si no deberíamos devolver a los técnicos, a los profesionales, las grandes y pequeñas decisiones sobre la red de transportes española. Esa red que hace una generación era pública.

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de octubre de 2013.
Publicado en La Gaceta.