Gallardón lleva la contraria a su padre en la ley más esperada del año

Por Pascual Tamburri, 20 de diciembre de 2013.

El ministro de Justicia propone una ley del aborto de supuestos, casi como la que su padre rechazó. Menos mala que la ley Aído de plazos, pero no por eso conforme a los principios del PP.

Estamos pasando unos días de incertidumbre, con sedes de partidos y sindicatos registradas por la Policía, con candidatos sin nombrar, con independentistas sin control en Cataluña, con terroristas en la calle, con la electricidad más cara de Europa y, lo peor para muchos ciudadanos con derecho a voto, con nuestros clubes de fútbol en entredicho. Pero por terribles que sean todas esas noticias hay una mucho grave, que raramente aparece en las portadas y que es la que afecta a más víctimas desde hace muchos años. La noticia de la semana es que, con dos años de retraso, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha presentado su proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida de Concebido y los Derechos de la Mujer, destinado a modificar las leyes socialistas del aborto de 1983 y de 2010.

Gallardón merece, ante todo, un aplauso: ha puesto manos a la obra en un asunto espinoso que José María Aznar no tocó en ocho años de Gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, y que Mariano Rajoy había evitado hasta ahora a pesar uno de los más añejos en los programas electorales de los populares. Otra cosa es que la solución sea la mejor, y mucho menos que sea la única posible. Se trata de dar respuesta a las muchas cuestiones polémicas y no resueltas, y todo ello con el guiño al pasado que supone el liderazgo de Gallardón en todo esto: entre 1983 y 1985 fue su padre, José María Ruiz Gallardón, seguido por los diputados de la entonces Alianza Popular, quien planteó la inconstitucionalidad de la ley de la ley “de supuestos” de Felipe González y la paró hasta que resolviese el Tribunal Constitucional. Con mucho más contenido hoy que entonces, Gallardón hijo nos intenta devolver… a una ley de supuestos.

La historia de esto es larga pero no muy complicada. Al empezar su primera legislatura, el Gobierno del PSOE despenaliza el aborto en España en tres supuestos (violación, riesgo para vida o salud de la madre, malformación del no nacido). Despenaliza, que no legaliza: el aborto sigue entonces siendo delito en el Código Penal, y las mujeres que aborten y los aborteros que las ayuden pueden ser castigados incluso con cárcel, fuera de esos supuestos. Esto, en teoría. En la práctica, la despenalización parcial generó una tolerancia social que creció exponencialmente, ayudada por la manga ancha de las autoridades, no sólo las del PSOE. Entre 1975 y 2012, en una España en la que hay menos nacimientos y una natalidad más baja, hemos pasado de poco más de 10.000 abortos ilegales a unos 120.000 legales al año. La despenalización no ha hecho disminuir, sino multiplicar, el número de abortos.

Por eso, como en otras cosas, José Luis Rodríguez Zapatero fue coherente, actuó conforme a sus principios –él sí. Zapatero creía que el embrión no nacido no tiene derecho a vivir, y en consecuencia en 2010 implanta la “Ley Aído“, que hace el aborto legal dentro de unos plazos, sin necesidad de supuestos, siendo suficiente la voluntad de la madre –o mejor dicho, la voluntad de la mujer de no ser madre. El PP recurrió la ley al Constitucional, otra vez, y el Tribunal a día de hoy aún no ha contestado. En la España de hoy abortar es legal sin excusa, Gobiernos nacionales y autonómicos de todo signo han aplicado las dos leyes y han empleado abundantes recursos en hacerlo, y no en defender la maternidad y la infancia, en proteger los derechos del no nacido o en promover la natalidad, que por cierto al hundirse es, ella sí, una verdadera amenaza para el futuro de España.

Gallardón nada entre dos aguas, y su ley prevé dos supuestos para poder abortar, la violación y el “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”. Desaparece, respecto a la ley de 1983, la anomalía o malformación del feto, salvo que se asocie a una enfermedad para la madre. Es muy cierto que, pese a lo que pueda parecer al ve determinados actos políticos, en una España con cada vez menos nacimientos, el porcentaje de los nacidos con anormalidades es cada vez menor. Una paradoja en un país en el que los dos grandes partidos han presumido de su protección de los más débiles, de su pretendida igualdad y de sus derechos, paradoja que, al menos, Gallardón trata de corregir. Pero seguirá habiendo aborto legal, no sólo despenalizado, y no habrá sanción para quien aborte fuera de la ley –aunque sí, en teoría, para los que realicen los abortos ilegales-, aunque parece que sí habrá derecho a la objeción de conciencia reconocido a quienes se nieguen a realizarlos.

Gallardón padre defendió la vida humana, efectiva o en desarrollo, como un bien absoluto que merecía una protección total. Esa opinión, compartida por muchos votantes populares ayer y hoy, es perfectamente legal, tiene cabida en la Constitución y una mayoría parlamentaria suficiente podría convertirla en Ley (si quisiese). Lo que la sentencia constitucional de 1985 dijo fue que también puede opinarse que la vida del nasciturus merece una protección menor, pero nunca nula, que otros derechos, como la vida de la mujer por ejemplo. Gallardón hijo, aunque mejora las cosas en mucho si su proyecto persevera, está en su opinión más lejos de su padre que de sus entonces rivales políticos. El hecho es el que es: el aborto despenalizado o legalizado no ha evitado grandes males a España, ha supuesto casi 1.800.000 niños menos, ha servido para que algunos se enriquezcan y ha devaluado en nuestra sociedad el valor reconocido a la vida humana. Pero a muchos lo que les preocupa de verdad son los clubes de fútbol.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 20 de diciembre de 2013, sección “Ruta Norte”.
http://www.elsemanaldigital.com/blog/gallardon-lleva-contraria-padre-esperada-132829.html