Por Pascual Tamburri Bariain, 6 de enero de 2014.
Publicado en La Gaceta.

Alberto Ruiz Gallardón merece, ante todo, un aplauso: ha puesto manos a la obra en un asunto espinoso que José María Aznar no tocó en ocho años de Gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, y que Mariano Rajoy había evitado hasta ahora a pesar uno de los más añejos en los programas electorales de los populares. Otra cosa es que la solución sea la mejor, y mucho menos que sea la única posible. Se trata de dar respuesta a las muchas cuestiones polémicas y no resueltas, y todo ello con el guiño al pasado que supone el liderazgo de Gallardón en todo esto: entre 1983 y 1985 fue su padre, José María Ruiz Gallardón, seguido por los diputados de la entonces Alianza Popular, quien planteó la inconstitucionalidad de la ley de la ley “de supuestos” de Felipe González y la paró hasta que resolviese el Tribunal Constitucional. Con mucho más contenido hoy que entonces, Gallardón hijo nos intenta devolver, otra vez, a una ley de supuestos.

El primer Gobierno del PSOE despenalizó el aborto en España en tres supuestos (violación, riesgo para vida o salud de la madre, malformación del no nacido). Despenaliza, que no legaliza: el aborto sigue entonces siendo delito en el Código Penal, y las mujeres que aborten y los aborteros que las ayuden pueden ser castigados incluso con cárcel, fuera de esos supuestos. En la práctica, la despenalización parcial generó una tolerancia social que creció exponencialmente, ayudada por la manga ancha de las autoridades, no sólo las del PSOE. Zapatero creía que el embrión no nacido no tiene derecho a vivir, y en consecuencia en 2010 implanta la «Ley Aído», que hace el aborto legal dentro de unos plazos, sin necesidad de supuestos, siendo suficiente la voluntad de la madre –o mejor dicho, la voluntad de la mujer de no ser madre.

Entre 1975 y 2012, en una España en la que hay menos nacimientos y una natalidad más baja, hemos pasado de poco más de 10.000 abortos ilegales a unos 120.000 al año. La despenalización no ha hecho disminuir, sino multiplicar, el número de abortos. No hay descenso en 2012 y 2013, ya que hay menos mujeres fértiles y más abortos en proporción. Zapatero fue coherente, él sí actuó conforme a sus principios. El PP recurrió la ley al Constitucional, otra vez, y el Tribunal a día de hoy aún no ha contestado. En la España de hoy abortar es legal sin excusa, Gobiernos nacionales y autonómicos de todo signo han aplicado las dos leyes y han empleado abundantes recursos en hacerlo, y no en defender la maternidad y la infancia, en proteger los derechos del no nacido o en promover la natalidad.

Gallardón y el PP de hoy nadan entre dos aguas, pues su ley prevé dos supuestos para poder abortar, la violación y el «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer». Menos mal, pero seguirá habiendo aborto legal, no sólo despenalizado, y no habrá sanción para quien aborte fuera de la ley –aunque sí, en teoría, para los que ejecuten los abortos ilegales-, aunque parece que sí habrá derecho a la objeción de conciencia reconocido. Gallardón padre defendió la vida humana, efectiva o en desarrollo, como un bien absoluto que merecía una protección total. Esa opinión, compartida por muchos votantes populares ayer y hoy, es perfectamente legal, tiene cabida en la Constitución y una mayoría parlamentaria suficiente podría convertirla en Ley (si quisiese). 1.800.000 niños menos después, la izquierda ha hecho lo que ha querido, ha contagiado su mensaje, y el centro… el centro no.

Por Pascual Tamburri Bariain, 6 de enero de 2014.
Publicado en La Gaceta.