Por Pascual Tamburri, 10 de enero de 2014.

ETA ha de terminar y no puede ser de ninguna manera que se permita a sus supervivientes creer que han vencido. No puede haber sitio en la política vasca para el terror.

La Audiencia Nacional, a través del juez Eloy Velasco, prohibió definitivamente la marcha del sábado 11 en Bilbao a favor del «acercamiento» de los presos de ETA que quedan al País Vasco. ¿Una medida antidemocrática o una limitación de los derechos? Para nada: desde la suspensión de Herrira se sabía que esta organización era la continuación de las viejas Gestoras Proamnistía, es decir del «frente de makos» de ETA.

A través ahora del Tantaz Tanta el entorno de ETA intentaba dirigir a los presos, a sus familias y a la sociedad, y algo extremadamente ofensivo para las víctimas de ETA, como es convertir en falsas «víctimas» a los asesinos de sus padres, hermanos, amigos y compañeros. Es una prohibición legal, democrática y ajustada a Derecho, en defensa del Estado frente a las actividades no interrumpidas de ETA.

Precisamente esto, que ETA siga existiendo, siga armada, siga reclutando y siga en definitiva con sus actividades debe hacer reflexionar y mucho a los nacionalistas no vinculados con los atentados, como es el caso del PNV e incluso de algunos de los que, ilusionados, confluyeron en un Bildu cada vez más parecido a Batasuna.

Ambos se retrataron este viernes al secundar, junto con los sindicatos ELA y LAB, una nueva manifestación convocada por un particular tras la prohibición del juez, bajo el lema Giza eskubideak, konponbidea, bakea (Derechos humanos, solución, paz).

El presidente del Gobierno autonómico, Iñigo Urkullu, trata de presentarse y de presentar a su partido como la solución a los problemas y el punto de encuentro de los vascos, pero ha de tener cuidado si para eso necesita considerar víctimas a los criminales, hablar de una negociación o de una dimensión política del fin de ETA y, mucho más, si piensa que acercarse a Bildu no tendrá un precio en votos igual o mayor que el que Artur Mas ya está pagando a ERC. No hay precio para el fin de ETA, y a sus miembros sólo puede quedarles opción entre la derrota física total ante el Estado de Derecho y la rendición ante sus tribunales.

Es posible que haya en el PSE-PSOE personas que duden de esto, como demuestra que los concejales de Rubalcaba en San Sebastián hayan votado junto a los de Bildu un comunicado contra la operación policial que detuvo a numerosos abogados de presos de ETA. Es posible que algunos lo duden, sí, porque la izquierda española arrastra desde la Transición una relación sentimental compleja con el mundo abertzale.

No obstante, la inmensa mayoría de votantes del PSOE y de españoles lo tienen muy claro: ETA ha de terminar y no puede ser de ninguna manera que se permita a sus supervivientes creer que han vencido.

No puede haber sitio en la política vasca para el terror, y por tanto si el Estado planta cara a ETA no hay duda sobre quién debe ganar. Otra cosa es que a veces el Estado esté mal servido, más por cargos políticos que por funcionarios, y lleguemos a situaciones repugnantes como la del caso Faisán. Ante ellas, también tolerancia cero.

Pero el error que se produjo el pasado miércoles, cuando el Ministerio del Interior adelantó la última operación contra ETA antes de que se produjera, no es un Faisán. Es decir, no se trata de la filtración consciente de una operación policial a los criminales –algo que sucedió cuando gobernaban los de Rubalcaba-, sino de un error humano que adelantó la nota de prensa a los hechos, con peligro para la operación misma y para los servidores del Estado.

Por eso, además de las explicaciones que debe dar, e incluso más, el ministro del ramo tiene que evaluar sus responsabilidades, que sin duda existen, además de haber aceptado la dimisión de su subordinado, el responsable de comunicación del Ministerio. Bien hecho, y hasta donde haya que llegar, pero sin paranoia.

No hay sitio para ETA entre nosotros. Lo han creado artificialmente desde la propaganda de todo tipo, lo han mantenido con medios que no eran ni son suyos, pero lo que piden, que es lo mismo que han pedido antes matando sin cesar, está fuera de cualquier posibilidad legal en España. Ahora y siempre.

Es absurdo hablar de «un escenario de paz, de normalización y convivencia democrática», cuando lo que se quiere es la secesión de parte de España y la constitución de un nuevo Estado socialista, en el que todas las razones las tengan un grupo de asesinos.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 10 de enero de 2014, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/bildu-otros-embaucadores-monton-victimiza-algo-queda-133126.html