Por Pascual Tamburri, 28 de marzo de 2014.

Los magistrados han aprendido a leer la Constitución. Nunca es tarde. Si el pueblo español es soberano no puede haber otra soberanía. Sin olvidar que España existe antes de 1978.

Roma locuta, causa finita… más o menos. Los doce magistrados del Tribunal Constitucional declaran ilegal la convocatoria de un referéndum por la Generalitat catalana y niegan que la soberanía resida en el pueblo catalán. Ya lo sabíamos, porque más o menos sabemos leer, y la declaración de soberanía de los nacionalistas de Cataluña en lo esencial no se ajusta a la Carta Magna. Si no hubiese sido por la acumulación de funerales y de violencia ultraizquierdista, y por la mucho más importante Liga de fútbol, habría sido la noticia de la semana.

Con claridad, ahora nadie puede decir que no sepa que es imposible dentro de la Ley un referéndum para la independencia y es imposible dentro de la Constitución que la soberanía resida en el pueblo catalán como tal. Dentro de la Constitución de 1978 tal y como está redactada, quede claro. Y eso, justamente, es lo que hace falta: que quede claro.

La sentencia preparada por Adela Asúa declara fuera de la legalidad vigente la simple idea de que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Razón, una sola: que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado«, como queda dicho en el artículo 1 del texto de 1978. En consecuencia, «si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto y órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano».

Ahora bien, si se tratase sólo de esto la sentencia no sería tan grave para los separatistas catalanistas ni tan exigente para los llamados a gobernar España, antes, ahora y después. Al fin y al cabo, lo que la Constitución establece puede cambiarse, desde el momento en que la Constitución puede modificarse. Será complicado, será largo, requerirá consenso, pero puede modificarse lo que dice, si se quiere. De hecho, los mismos magistrados del Constitucional recuerdan que puede desearse libremente un cambio y puede trabajarse, en la política, en la sociedad o en los medios de comunicación, para llegar a ese cambio.

¿Cualquier cambio que respete el principio de legalidad y los procedimientos democráticos? Si todo cabe «mediante el diálogo y la cooperación», España y su defensa son sólo una cuestión de formas. Si todo cabe, la independencia de Cataluña y la disolución de España son sólo cuestión de tiempo, y Artur Mas se equivoca en precipitarse porque más pronto que tarde un político profesional en Madrid estará dispuesto a darle lo que quiere.

Pero no todo cabe, o al menos no debe caber. El artículo 2 de la Constitución dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos«, etc. Es decir, que la Constitución no crea ni la nación, ni su unidad política, ni su existencia; sólo las reconoce como preexistentes y de rango superior, fundamental. Por tanto, mientras que, por ejemplo, la organización autonómica o la democrática institucional, creadas en 1978, sí pueden ser sujeto de modificación o de supresión, no pueden serlo ni España ni su unidad. Porque no estaríamos cambiando la Constitución, sino que estaríamos cambiado por entero de régimen y yendo a un enfrenamiento civil.

Por mucho que se pueda modificar la Constitución, España no existe porque la Constitución lo diga, sino que ahora hay Constitución porque una España unida y soberana la quiso. Eso no es modificable por las buenas, y no creo que nadie quiera dar el primer paso por las malas. El orden de los factores sí altera el producto. De hecho, tras la decisión del Tribunal le toca a Mariano Rajoy, es decir al Ejecutivo, actuar. Actuar para defender la Constitución y más aún actuar para defender lo que está en la raíz y es la razón de ser de ésta: España. Actuar con el diálogo y todo eso que tan bien parece sonar. Actuar con los mecanismos y razones que la misma Constitución recoge, por ejemplo los pasos previstos en el artículo 155 de la misma. Actuar, que tanto miedo dan, pero más miedo daría equivocarse en los tiempos y tener que recurrir a palabras aún mayores.

Como decía no hace mucho José Javier Esparza, «ahora la cuestión es saber si en España queda realmente alguien dispuesto a defender la Constitución«. Al margen de quién tenga esa función por escrito, si el pueblo, unido, es soberano, tendrá en último extremo también la capacidad de defender esa unidad, que no puede modificar ninguna componenda constitucional ni partidista.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 28 de marzo de 2014, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/razones-sola-nacion-porque-diga–134561.html