Por Pascual Tamburri, 18 de noviembre de 2014.

La Constitución de 1978 tiene instrumentos para impedir que una región autónoma o más ‘atenten contra el interés de España’. Pero Mariano Rajoy no los ha querido aplicar a Mas.

¿El Fiscal General, nuestro piadoso don Eduardo Torres Dulce, puede decidir qué hacer con Artur Mas y su grupo de enemigos de la unidad nacional? Si le dejan sí. Y el Gobierno de la Nación, porque sólo hay una hasta que PP, PSOE y Podemos cambien la Constitución, decidió no hacer nada. Y podía. Podía muchas cosas, empezando porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que «el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». Se ve que un intento de secesión no atenta contra el interés público… o el privado.

Así que la culpa no es del Fiscal, que en todo caso tendrá dónde confesarse. Antes que él Mariano Rajoy y todo el Gobierno (pero no sólo) juraron o prometieron guardar y hacer guardar la Constitución. Atentos, no prometieron «ocultar y hacer reformar la Constitución», sino hacerla cumplir, esa Constitución que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española», al menos hasta que la cambien para defender sus propios intereses de partido.

Esa Constitución que, guste o no guste, tiene un artículo 155 que dice que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». ¿Se dan las premisas? Sí. ¿Se ha cumplido lo previsto? No. ¿Por qué? Porque los asesores de Moncloa aconsejaron vencer el órdago sin emplear la «artillería pesada», ante el temor a repercusiones en la política nacional. Es decir, interés de partido por encima de interés de España.

El antes tan denostado José Luis Rodríguez Zapatero nos dijo varias veces en su época que no sería necesario aplicar al País Vasco el artículo 155 porque Juan José Ibarretxe no llevaría adelante su plan. Alfonso Guerra, antes de su jubilación, proclamó que, si lo hiciese, habría que aplicar la Carta Magna. Jaime Mayor Oreja, también jubilado forzoso, explicó que ese artículo, de compleja aplicación directa, necesita un desarrollo legislativo que él ya propuso. Y José María Aznar, que con la mayoría absoluta del PP tendría que haber desarrollado por su cuenta el artículo 155 y no se atrevió por reverencia al consenso, tronó después. Cuando ya no hablaba catalán en la intimidad. Un juego de hipocresías cruzadas en el que los políticos dieron la espalda a las cosas que la gente de la calle puede y quiere oír. Pasó con Ibarreche, pasa ahora mucho más con Mas.

Primero. ¿Es tan terrible el artículo 155? Sencillamente faculta al Gobierno a hacer cumplir la ley a un ejecutivo autonómico cuando se la salte, cuando haga mal uso de los poderes que el Estado le dio; y lo mismo que los dio los puede retirar total o parcialmente, temporal o permanentemente, en defensa precisamente de los valores constitucionales básicos, el primero de los cuales es la soberanía indisoluble de la nación. Suena duro, es cierto, pero ¿podríamos prescindir de una norma así? Mariano Rajoy parece creer que sí, ya que por puro buenismo renuncia a aplicarla.

Segundo. Mas ya había anunciado cómo iba a violar las normas del Estado, convocando consultas populares al margen de la ley. Esto, aunque ya no es delito tipificado como en tiempos de Aznar, porque Zapatero derogó esa parte del Código Penal, sigue sin ser legal. Si realmente se llega a un Gobierno regional fuera de la Ley, ¿qué hacemos? Según Rajoy con Mas (como antes Zapatero con Ibarreche) nada, o quizás un poco de mímica circense ante las cámaras; pero ¿qué pasa al día siguiente?

Tercero. Alfonso Guerra, válgame el Cielo, dijo en tiempos no tan lejanos que si es necesario el Estado «reponga la legalidad, lo que sólo puede hacerse con la aplicación del artículo 155 de la Constitución», es decir que se encargue de «adoptar las medidas necesarias para obligar» a una Comunidad Autónoma a cumplir sus obligaciones. Es decir, lo mismo que antes Jaime Mayor Oreja, aunque con una diferencia importante: el vasco ha sido ministro del Interior y sabe que aplicar una norma, aunque sea un artículo de la Constitución, es muy complicado si no se ha previsto cómo hacerlo: faltan los desarrollos legislativos y ejecutivo-administrativos del 155, y el momento de tensión en el que es inexorable recurrir a él es muy probablemente el menos adecuado para ponerse a pensar y a votar.

Cuarto. La posición de Mas y de todos los independentistas es de «rebeldía»; rebeldía contra las normas del llamado Estado de Derecho y rebeldía contra la Constitución y la Nación (sin la que no habría democracia ni nada más, por cierto). Bien. Ahora imaginemos lo peor: así como Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar dejaron parte de su deber sin cumplir, así como Zapatero lo incumplió del todo, efectivamente si el Gobierno y el Parlamento no lo requieren no hay aplicación del artículo 155. Pero en la Constitución hay más sujetos que el Ejecutivo, y hay más artículos aplicables al caso, en defecto o como complemento del 155. El artículo 30, por ejemplo, expresamente convierte la defensa de España en un derecho y un deber de todos los españoles. Hay además otras instituciones –incluyendo la Corona pero no sólo- que tienen su razón de ser en la defensa de la paz pública. ¿No está todo el mundo de acuerdo en las bondades excelsas de la Constitución de 1978? Les toca ahora desarrollarla y aplicarla en todos sus extremos a los rebeldes, o reconocer en público que no quieren cumplirla ni dejar que otros la cumplan, sino modificarla para deshacerla. Pero que reconozcan esa posición de tolerancia a la rebeldía y vayan con ella por delante a las urnas.

España no existe como consecuencia de la Constitución y de las leyes, sino como fundamento previo de las mismas, y la soberanía es de la Nación, no de una familia, ni de una sola parte del pueblo español ni de una oligarquía de capitalistas, corruptos, mediocres, ignorantes, conspiradores y oligarcas. Si ni el Gobierno ni la oposición actúan en consecuencia otros tendrán que hacerlo.

Pascual Tamburri

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 18 de noviembre de 2014, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/respuesta-desproporcionada-victorias–138685.html