Por Pascual Tamburri, 30 de marzo de 2015.

Rodolfo Martín Villa, padre de esta maravillosa transición democrática, pero antes ministro del franquismo, puede ser acusado y hasta encarcelado por delitos ‘imprescriptibles’. ¿Cuáles?

Alberto Ruiz-Gallardón, de momento fuera de la política, tiene ante sí un entretenimiento muy adecuado para su oficio de fiscal: preparar la defensa de su suegro, José Utrera Molina. La juez María Servini de Cubria pidió hace cinco años su extradición a la Argentina, junto la de otros 16 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista. Nada menos. Pero sólo ellos; y además ¿por qué ellos?

Un grupo de expertos de la ONU en Ginebra, avalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dice que «España está obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas«. Sin embargo, la Justicia española se ha negado a extraditar a estos 17; pero no siempre con los argumentos más serios a largo plazo.

Desde luego que eso muestra a un hombre constante y coherente como José Utrera Molina o a un jurista brillante y muy por encima de todos nuestros políticos, como Fernando Suárez González, colocando en un plano muy, muy diferente, a Rodolfo Martín Villa, que no sólo desmontó el régimen que juró defender, sino que ahora demás se ve abocado a responder –aplicándole la lógica de los que han sido durante décadas sus amigos de negocios- de unos delitos «imprescriptibles» .

El ex ministro Rodolfo Martin Villa es considerado por ejemplo responsable de los sucesos de 1976 en Vitoria, y en general Servini cree que se trata de crímenes de lesa Humanidad que podrían juzgarse incluso en Argentina bajo el muy discutido y discutible principio de jurisdicción universal. Sea como sea, los expertos de la ONU han recalcado que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos«. Es decir, que han los chicos de Rajoy han defendido mal lo que supuestamente trataban de defender. Martin Villa calla respetuoso: como siempre con el poder.

Un estilo distinto es el de José Utrera Molina al que se le acusa siendo ministro de haber convalidado con su firma entre otras la sentencia de muerte del terrorista anarquista Salvador Puig Antich en 1974. Ahora imagínenselo: supongan que un criminal recibe una condena legal conforme a las leyes vigentes (y después de herir a un contable de la sucursal del Banco Hispanoamericano de Barcelona y de matar al policía Francisco Anguas Barragán). ¿Aplicar la condena legal y en vigor es delito? ¿Quién se coloca sobre la Ley? ¿Y será Servini la que se coloque sobre la soberanía nacional de la que nace esa Ley

«Mi condición de ministro y el ejercicio de las responsabilidades propias de dicho cargo no constituye ni ha constituido ni en España ni en Argentina ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno«, dice Utrera, y es cierto en nuestra tradición jurídica. Si lo que quieren decirnos es que el Estado ya no es soberano para hacer sus leyes, dígannoslo; pero no sólo a nosotros. De momento, lo dicho y hecho «constituye una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno«. El suegro de Ruiz Gallardón, al menos, no se calla.

Si las quiere usar, las razones del Estado español para decir «no» son muchas, y hasta un alumno de primero puede citarlas: a) la responsabilidad penal prescribe y se extingue, si llega a existir, b) ¿todo hecho ilícito, a gusto de la juez, es un crimen de lesa Humanidad?, c) ¿va a investigar Servini los muertos por ETA aún no juzgados, unos 400, o los muertos, torturados y desaparecidos en zona gubernamental durante la guerra de 1936?, d) la legislación no es retroactiva, incluso en caso de existir, e) esa normativa internacional, en caso de existir, puede ser denunciada y no aplicada por un Estado verdaderamente soberano. No hace falta hablar de la Amnistía de 1977, ni recurrir ahora a indultos, y no me gustaría ver al ministro Catalá rebajarse a eso.

En todo caso, la mejor vía para que la juez Servini y sus émulos españoles adquieran algo de respetabilidad parece muy clara. En vez de apelar al camino fácil del «a moro muerto, gran lanzada» (fácil y cobarde, amén de ridículo, para decirlo todo), pueden investigar los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de los Derechos Humanos mucho más evidentes, abundantes, cercanos, legalmente punibles y hasta aún en curso. Atrévanse: si de verdad son ustedes lo que dicen, no se pavoneen con Utrera Molina, acusen gallardamente a todos los Estados herederos de la URSS asesina y genocida, acusen a los gobernantes de China, de Corea del Norte, de Cuba, acusen a los líderes terroristas yihadistas, abertzales, anarquistas y comunistas de varias facciones. Cuando tengan ustedes los primeros 100.000 entre rejas, pidan la extradición de Martín Villa, que estará encantado de ir a dialogar con ellos y a venderles tanto su modelo de democracia (que disfrutamos) como el de negocios (que disfruta él).

Pascual Tamburri

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 30 de marzo de 2015, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/estupidez-imprescriptible-justicia-postuma-martin-villa-141174.html