Por Pascual Tamburri, 13 de enero de 2017.

Hace 35 años ETA asesinó José María Ryan y luego a Ángel Pascual. ¿Y quién se acuerda? Todos, todos los meses, al pagar la factura eléctrica más cara de Europa, gracias al prejuicio antinuclear de la izquierda y los abertzales y al complejo sumiso del centro.

 

En España la factura eléctrica incluye desde 1996 un sobrecargo para compensar varias cosas que, por decisión política, pagamos entre todos. Por un lado, los consumidores pagamos (pagando impuestos más altos) las tarifas sociales que -creo que correctamente, al menos en origen- se ha decidido otorgar a algunos consumidores necesitados. Pero por otro pagamos más por tres decisiones políticas, propias de España, que no se han demostrado acertadas, pero que los políticos (unánimes PP y PSOE, y la extrema izquierda) siguen defendiendo con orgullo: la apuesta casi exclusiva por las llamadas energías renovables, el abandono subvencionado de la explotación y búsqueda de combustibles fósiles nacionales y la huida, primero llamada “moratoria”, de la energía nuclear. El resultado es que nuestra electricidad en particular y nuestra energía en general, como se nota especialmente en invierno, es más cara que la de Francia, que sin embargo es un país más rico y que consume más. Una acumulación de errores, prejuicios y cobardías políticas que los políticos se niegan a reconocer.

Se llamó pudorosamente moratoria nuclear a la suspensión “temporal” de la construcción de centrales energéticas de fisión atómica. Durante el franquismo, y con tecnología francesa fundamentalmente, España invirtió en energía nuclear, construyéndose algunas centrales y planeándose muchas más. De hecho, las cinco centrales nucleares operativas en España, con sus siete reactores, son obra del franquismo. Ese proceso de inversiones se aceleró con la crisis petrolífera de 1973, ya que la energía nuclear era una garantía de suministro estable, barato a largo plazo y con independencia de importaciones.

Hubo desde los años 70 del siglo XX, primero fuera de España y luego dentro, una presión política contra la energía nuclear. Estaban en contra algunos grupos que se decían ecologistas, apelando a peligros para el medio ambiente y la población, a posibles fugas y a los residuos. Junto a personas de buena fe, hoy sabemos que parte de estos grupos fueron estimulados desde la Unión Soviética, que en la Guerra Fría quería un Occidente energéticamente débil. Esa conexión explica la militancia antinuclear de toda la izquierda española, y junto a ella de los nacionalistas vascos (los catalanes… hicieron cuentas y callaron prudentemente); y explica las sucesivas rendiciones en este campo de los Gobiernos de UCD, del PSOE y del PP -en el caso del PP no por su propio programa original, sino por su sumisión, una vez más, a la corrección política de la izquierda-.

El símbolo de la muy ecológica lucha “progresista” contra la energía nuclear en España fue el asesinato en 1981 y 1982 de José María Ryan Estrada y Ángel Pascual Múgica, de la central nuclear de Lemóniz. La España de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo, de Felipe González, de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, en vez de plantar en esto cara a los radicales y a los terroristas, claudicó, y primero se suspendió la construcción de Lemóniz, luego la de todas las demás centrales en proyecto o en construcción y después se puso fecha de caducidad a las centrales ya operativas. Esto, naturalmente, tenía un precio, más de 5.000 millones de euros que todos hemos pagado a las compañías. Y ese precio de la rendición política ha sido en la práctica una financiación extraordinaria de las compañías, a la que después se ha sumado el coste de la producción de una energía más cara e irregular de fuentes renovables, lo pagamos todos. Como si ETA hubiese tenido una micra de razón cuando mató a los dos ingenieros.

No seamos hipócritas: el problema no es el bono social eléctrico, la ayuda a las familias necesitadas, que ni es para tanto ni casi nadie discute. El problema es que no nos explican que nuestra fuente más segura, constante y barata de energía eléctrica son aún hoy esas cinco centrales nucleares, y que si pagamos más es por las decisiones de los políticos. En los últimos años el PP abrió la posibilidad de prolongar la vida útil de esas centrales (su cierre sería una ruina nacional) pero sin reconocer los errores pasados y sin abrir la posibilidad de enmendarlos. Lo cierto es que Francia, que fue en la dirección opuesta, tiene o ha tenido más de 70 instalaciones nucleares, consume mucha más electricidad y lo hace con una producción nacional, constante y barata. Tanto es así que, mientras que les pedimos por favor que nos compren a casi cualquier precio nuestro excedente eléctrico (cuando hace mucho sol o mucho viento no consumimos lo que producimos) nos vemos obligados a comprar a Francia electricidad de origen nuclear, dependiendo de ellos y del precio que quieran poner, cuando ni el sol ni el viento bastan para el consumo. Cuando hace frío en invierno, por ejemplo.

También podríamos hacer que los abertzales y la extrema izquierda pagasen el diferencial, o pagasen la construcción de Lemóniz I y II, a la memoria del sacrificio de Ryan y de Pascual que los políticos acobardados se han empeñado en hacer inútil.

Pascual Tamburri Bariain
La tribuna del país vasco, 13 de enero de 2017.
https://latribunadelpaisvasco.com/not/5892/este-invierno-pagamos-lemoniz-y-la-cobardia-de-los-politicos-/