Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de mayo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Chaves ha presentado en el Congreso un nuevo Estatuto para Andalucía, en el que las necesidades reales de la gente son postergadas a los intereses del PSOE y de los nacionalistas.

Se inició ayer martes en el Congreso de los Diputados el debate sobre la reforma del Estatuto de Andalucía. Llega a la sede de la soberanía popular un texto ya aprobado por el Parlamento andaluz, aunque con un 40 % de votos en contra. El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, ha conseguido mucho menos consenso en esta reforma que la que se consiguió tras la Constitución de 1978, cuando se creó la autonomía.

El dato sería preocupante fuese cual fuese el sentido de la reforma. No es bueno en democracia que una norma básica sea fruto de a voluntad de una mayoría exigua. No se trata de una Ley cualquiera, sino de una Ley Orgánica que define la vida de una región, la más poblada de España, y que forma parte del llamado «bloque de constitucionalidad». Legalmente bastan para esta reforma los votos del PSOE y de Izquierda Unida, que Chaves ha conseguido, y podrán bastar en el Congreso los apoyos del PSOE y sus aliados. Pero parece evidente que la falta de consenso crea un déficit, al menos moral, de legitimidad.

En este caso, además, como dijo en el debate parlamentario el líder de la oposición Mariano Rajoy, «estamos ante un estatuto nuevo». Del viejo Estatuto autonómico se guarda la carcasa, pero el texto sometido a las Cortes es en realidad un nuevo Estatuto, de naturaleza muy diferente al anterior. Nuestra democracia se inició con un proceso de descentralización y autonomía regional. Lo que Chaves ha venido a proponer es una Ley que afirma la existencia de una nueva «realidad nacional» .

Ante este giro del PSOE en Madrid y en Andalucía surgen, espontáneas, dos preguntas difíciles de responder. ¿Beneficia este proyecto a los directamente afectados, los ciudadanos andaluces? Y, por otra parte, ¿por qué y para qué avala ahora José Luis Rodríguez Zapatero este giro nacionalista?

Andalucía tiene ya muchas competencias, dentro de lo constitucionalmente previsto. El proyecto que se va a votar sigue la estela del nuevo Estatuto catalán al reivindicar para Andalucía competencias de la Administración Central del Estado por delegación, dejando reducida a la mínima expesión la intervención del Gobierno nacional al Sur de Despeñaperros. Con una significativa excepción en la gestión de la Hacienda, ya que Chaves pretende aumentar sus competencias pero ser financiado desde Madrid, a diferencia de Pasqual Maragall. Todos los años de autonomía gestionada por el PSOE no han reducido el diferencial de desarrollo económico entre Andalucía y el resto de provincias, y eso debería hacer pensar tanto en las supuestas bondades de una descentralización mayor como en la capacidad de Chaves de gestionarla. Los andaluces no se beneficiarán de este proyecto.

Es el proyecto de Zapatero y de Maragall. El líder del PP andaluz Javier Arenas se sintió traicionado cuando Chaves lo excluyó del consenso. Pero era un paso necesario para el PSOE, ya que la «realidad nacional» andaluza sirve de camuflaje para las reales concesiones de Zapatero a los nacionalistas vascos y catalanes. El aparente radicalismo del Estatuto andaluz está destinado a servir como coartada de la verdadera «construcción nacional» de otros. No se está pensando en los problemas reales de los andaluces y por eso no se ha querido el consenso. Una vez más, Andalucía es dirigida desde fuera.

Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de mayo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.