Por Pascual Tamburri Bariain, 5 de octubre de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

La Audiencia Nacional, a través de su Sala de lo Penal, emitió ayer miércoles un auto reiterando la decisión de que sean los Juzgados de Instrucción de Madrid los encargados de instruir la supuesta falsificación de informes que relacionaban a ETA con el 11-M. La Audiencia Nacional niega así ser competente para investigar este delito, en cualquiera de las contrapuestas variantes que los medios de comunicación han elaborado a lo largo de los pasados días. La Audiencia Nacional es competente en delitos de narcotráfico y terrorismo, por ejemplo, pero no puede anular las funciones de los jueces naturales en cada lugar y materia.

Esta decisión de la Audiencia Nacional entrega la investigación del caso a Gemma Gallego, titular del juzgado de Instrucción número 35 de Madrid en la Plaza de Castilla, y supone una severa crítica a la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que depende del Fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en consecuencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo el más afectado por la decisión judicial es el juez Baltasar Garzón, que pretendía investigar el caso desde la Audiencia Nacional y que ya había acusado de graves delitos a tres funcionarios de la Policía a los que inicialmente había llamado a declarar como testigos.

Las reglas del juego están claras, y entre juristas no hay grandes dudas sobre el camino que se debe recorrer ahora. Si Garzón insiste en su competencia deberá plantear una cuestión de competencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el órgano que puede dirimir los conflictos de este tipo. Porque la cuestión esencial no es la legalidad de unas u otras actuaciones, sino la independencia de los jueces que deben decidir.

Garzón ha sido criticado con severidad tanto por la Audiencia Nacional como por miembros del Consejo General del Poder Judicial. La crítica no iba dirigida a su persona ni a sus opiniones políticas, sino a su capacidad como juez. En una democracia consolidada no es normal que un juez, y más uno de esta relevancia, tenga un protagonismo político, y que su carrera política siga el ritmo de sus decisiones jurisdiccionales. Garzón investigó los GAL, y en 1993 fue el número dos en la lista al Congreso de Felipe González, en el PSOE, cuando se sospechaba de la implicación de altos cargos socialistas en el terrorismo. El currículum de Garzón es cualquier cosas menos rectilíneo, y la única constante nunca ausente ha sido su afán de protagonismo en los medios de comunicación, en la sociedad y en la vida pública.

El diputado por Navarra Jaime Ignacio del Burgo se preguntaba ayer si el juez Garzón «ha decidido dejar de ser nuestro héroe nacional». Para los españoles normales, la gente de a pie que quiere un Estado de Derecho que funcione, nunca ha sido tal héroe, ni cuando ha servido intereses del PSOE ni cuando se ha opuesto a ellos. La valía de un juez debe medirse sólo por su quehacer profesional, que es precisamente lo que hoy puede ponerse en duda. Frente a eso no debe obtener ningún amparo excepcional. Sólo justicia.

Por Pascual Tamburri Bariain, 5 de octubre de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.