Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de octubre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

El pasado 11 de septiembre, con ocasión de los actos de la Diada en Barcelona, los representantes del PP catalán con su presidente Daniel Sirera al frente fueron insultados y amenazados de muerte por los nacionalistas y republicanos de extrema izquierda. Esas amenazas e insultos graves, dirigidas en público contra los representantes de una opción política legítima, entran de lleno en lo previsto por el Código Penal. Pero lo más grave desde el punto de vista institucional fue que la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, no salió entonces en defensa de los populares sino que justificó la actitud de los radicales porque según ella el PP estaría creando conflictos alrededor de los símbolos identitarios con fines partidistas.

Salgado mantiene su postura, y ayer miércoles se negó a retirar dichas críticas al Partido Popular. Como respuesta, los diputados del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados abandonaron en su turno de réplica, el aula de la Comisión de Administraciones Públicas en la que intervenía la titular de la cartera. Se ha reprochado a los parlamentarios del PP la crispación que su postura incrementa en la vida pública. Los hechos, sin embargo, deben ser valorados en su conjunto.

Ayer, en el Congreso, la ministra Salgado tuvo ocasión de rectificar o aclarar sus palabras de septiembre contra el PP cuando se dirigió al portavoz popular en la Comisión, Julio Padilla. Salgado decidió sin embargo no hacerlo, a pesar de que su interlocutor había dejado claro que «si quiere usted hablar con nosotros exigimos una disculpa y rectificación». Estaba claro para todos que el PP advertía de un posible plante parlamentario cuando Padilla dijo a Salgado que de sus disculpas «dependerá nuestra actitud parlamentaria en lo que queda de legislatura». Y el plante se produjo.

En circunstancias normales es derecho y deber de los diputados y senadores participar en la vida parlamentaria, donde encarnan uno de los poderes del Estado. Las ausencias y plantes nunca son deseables. Sin embargo, el PP catalán no vive un momento de normalidad democrática: ha recibido amenazas de muerte de grupos y personas bien reconocibles, y una ministra del Gobierno ha justificado esas amenazas con sus palabras. Parece más que razonable que el PP reclame de Salgado unas excusas; y si las palabras no han bastado su ausencia de la Comisión puede ser la mejor manera de que no sólo la ministra sino también el resto del PSOE y de la sociedad comprendan la gravedad de lo que pasa. Si Salgado quiere que esto no suceda, de ella depende.

Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de octubre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.