Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de junio de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.

No hay acuerdo posible en la reforma de la Política Agrícola Común. La propuesta salida de los Comisarios es inaceptable para España. Estando así las cosas, es preferible que la tarea recaiga en la presidencia italiana.

La cumbre de Salónica marca el final de la presidencia helena de la Unión Europea. Al mismo tiempo, todo el continente es consciente de que se ha entrado en la etapa final de la rica Europa de los Quince, y de que se inicia la mucho más difícil, pero mucho más esperanzadora, Europa de los Veinticinco, de los Veintisiete y quién sabe si de los Cuarenta.

La agenda de trabajo de Grecia no se ha podido cumplir. La división política de los principales socios occidentales se ha hecho evidente en este semestre, tanto en política internacional -la guerra iraquí- como en muchas otras cuestiones. Ha sido imposible solucionar la reforma institucional de la Unión, la tan traída y llevada «Constitución», porque ha faltado el clima de entendimiento imprescindible, y porque son muchas las sospechas de que Valery Giscard d’Estaign ha llevado demasiada agua al molino de los intereses nacionales … franceses.

En círculos europeos -pragmáticos ante todo, de un pragmatismo confirmado por la alegre autosubida de sueldo de los europarlamentarios- este fracaso a medias se preveía hace meses. En el fondo, y casi con alivio, se sabía ya que la gestión constitucional iba a corresponde en definitiva a la presidencia italiana, políticamente más fuerte que la griega y diplomáticamente casi la única capaz de lograr acuerdos viables y realistas.

Será Silvio Berlusconi, con el centro y la derecha italianos, quien tendrá es sus manos la concreción de un nuevo Tratado de Roma. Y esto para España es una buena noticia.

Los realistas esperaban en cambio de la presidencia griega un acuerdo para la reforma de la Política Agrícola Común, y en esto el fracaso es más grave. No hay acuerdo posible, porque la propuesta salida de los Comisarios es inaceptable para los grandes países agrícolas, y en especial para España. Moralmente, subvencionar con cargo a fondos públicos una actividad sin considerar su eficiencia es inaceptable. Económicamente, insistir en la apertura a los mercados agrícolas tercermundistas, aceptar el consiguiente hundimiento de los precios y tratar de compensarlo con una limosna es absurdo. Estratégicamente y ecológicamente, favorecer el cese de actividades agrícolas en la mayor parte de España – consecuencia directa de la modulación y de la desvinculación de ayudas- es un suicidio.

Los intereses de España están, sí, en una reducción del gasta agrícola y de las subvenciones, e incluso en la desaparición d éstas; pero sólo si desaparece la causa de su primera creación, causa también de la despoblación de los campos de Europa: el fin de los precios naturales de los productos en un mercado único europeo, de dimensiones humanas. Estando así las cosas, es preferible que la tarea recaiga también en la presidencia italiana.

Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de junio de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.