Por Pascual Tamburri Bariain, 23 de enero de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

El presidente del Gobierno regional vasco, Juan José Ibarretxe, y el líder aparente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, han anunciado que recurrirán al tribunal Constitucional español por la gestión que se está haciendo en el parlamento de Madrid del llamado «plan Ibarretxe». Para ellos se trata propuesta de reforma del Estatuto vasco de 1979, y merece un tratamiento diferente.

Ibarretxe e Imaz sólo aceptan de la Constitución lo que les conviene, y quieren que el Tribunal Constitucional defienda su plan. Un plan que es ilegal en las formas y en el fondo. El nacionalismo está mal acostumbrado a imponer su voluntad.

Cuestión de formas, y no esencial, una vez más. Pero síntoma revelador de qué concepción ha imperado en ciertos ambientes de la Constitución desde su misma promulgación en algunos ambientes. Lejos de ser entendida como un punto de llegada, como un acuerdo perfectible pero razonable de convivencia nacional, la Constitución fue entendida por los enemigos de la unidad nacional como un paso. Así, las autonomías generosamente desarrolladas en el Título VIII son para los nacionalistas un vehículo de «construcción nacional» y no de unidad nacional.

Sólo desde esa lógica se explica que los nacionalistas vascos, para defender un plan que va contra la letra y contra el espíritu de toda la Constitución se consideran capacitados para apelar al Tribunal que defiende la Constitución que ellos desean destruir. Parece ridículo, y de hecho lo es, como han acertado a decir, coincidiendo, los portavoces de PP y PSOE.

No obstante, estos partidos, o al menos parte de ellos, deben hacer examen de conciencia de su corresponsabilidad en ese ridículo. Si lo esencial del debate con Ibarretxe sigue siendo la legalidad formal de su Plan, es decir, si se puede tramitar o no con las normas en vigor y si tiene encaje formal o no en la letra de las leyes vigentes, el nacionalismo estará contento. Al fin y al cabo, en el peor de los casos será acusado de una ilegalidad formal, y en el mejor sus juristas conseguirán una apariencia de legalidad. ¿Por qué no iban a acudir al TC?

La respuesta es sencilla: el nacionalismo vasco, y también el catalán, debe recibir una respuesta de los dos grandes partidos que vaya al centro del problema. El plan de Ibarretxe no es admisible porque es incompatible con la unidad del pueblo español y con su soberanía indivisible, sobre las que descansa todo el ordenamiento. Y lo mismo cabe decir de Maragall, aunque sus formas sean menos abruptas. No es cuestión de forma, sino de fondo, y por eso un recurso al TC es una broma macabra por parte de los socios de Josu Ternera.

Mañana martes se constituye la Comisión del Pacto PP – PSOE – Gobierno, con una reunión Ángel Acebes – José Blanco sobre el Plan Ibarretxe. Es hora de que los representantes de la voluntad popular definan los límites de lo admisible, porque en caso contrario seguirán recibiendo amenazas de una parte y burlas de otra. Intolerable, pero evitable.

Por Pascual Tamburri Bariain, 23 de enero de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.