Por Pascual Tamburri, 7 de marzo de 2011.

Libertad, calidad y excelencia van unidas en las aulas. Pero ciertas instituciones y partidos imponen su ideología sobre la libertad. Ahora hay que elegir uno de los dos caminos.

Francisco Javier Enériz Olaechea, Defensor del Pueblo de Navarra, «alto comisionado del Parlamento de Navarra, designado por éste para la defensa y la mejora del nivel de protección de los derechos y libertades», tiene «como función primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración pública». ¿Magnífico, verdad? Ahora imagínense qué podrá salvaguardar tan progresista institución en un centro escolar.

Tudela, curso 2010-2011. Un alumno recibe una orden directa de un profesor. En un contexto educativo y con un contenido educativo (recoger un papel tirado al suelo). El alumno no obedece. Según la palabrería vigente es una «alteración grave de la convivencia», pues si la desobediencia no lo es ¿qué lo será? Pero padres por un lado y Defensor del Pueblo por otro consideran la desobediencia ¡un derecho! Y la sanción se anula, con lo que se consagra ese doble y muy progresista derecho a tirar papeles en el patio y a desobedecer. Pues bien, quizá la legislación sea así ahora (lo dudo), pero no nos extrañemos después de los resultados.

No queda ahí la intervención de Enériz en la educación. Observando la distribución del alumnado inmigrante entre los centros públicos y los privados, el Defensor del Pueblo, siguiendo también en esto las ideas básicas de la extrema izquierda, ha planteado, «mejorar la distribución equilibrada del alumnado inmigrante entre ambas redes». ¿Qué quiere esto decir? Que los alumnos sean distribuidos sin respetar ni las preferencias de las familias ni los idearios y libertad de las escuelas e Institutos. En suma, hay quien se considera con derecho a tomar decisiones en lugar de los alumnos y de sus familias, en nombre de una cierta ideología.

La misma es la tradición educativa reciente del PSOE. «Evitar a toda costa la segregación de alumnos por su origen» es la afirmación más reciente en la materia del secretario general del PSOE navarro, Roberto Jiménez, respaldado por su aparente asesora en esto, María Victoria Arraiza. Hay que recordar que el PSOE ha intentado esta legislatura introducir a través del Parlamento una normativa rígida para la escolarización, incluyendo entre otras cosas la no concertación de centros no coeducativos. Nuevamente, se trata convertir la ideología de unos en norma para todos, y llamarla progreso. Así hemos ido; no sólo cuando han gobernado los socialistas, sino cuando y donde otros han seguido aplicando sus normas o no han querido o podido derogarlas.

Todos los partidos dicen preocuparse por la educación, incluyendo la convivencia en las aulas. Otra cosa es qué sentido tenga esa preocupación, y hasta qué punto en la práctica se atreven a cumplir los deseos más profundos de sus votantes. Lo cierto es que, aunque el centroderecha gobierna Navarra desde 1991, sigue en vigor con todas sus pésimas consecuencias la Ley del Vascuence, aparte de las sucesivas leyes socialistas aunque edulcoradas en algunos puntos de su práctica. Socialistas y abertzales jamás se han echado atrás en lo suyo… pero los demás sí. Ahora la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, dice que pretende «regularizar el modelo educativo en inglés para que, junto al castellano y el euskera, sea otro de los modelos lingüísticos de Navarra». No es mala idea, como todo aquello que traiga más calidad, más excelencia y más libertad. Ahora nos falta que, de verdad, vengan, y que dejen de venir ocurrencias como las del Defensor del Pueblo.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 7 de marzo de 2011, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/defensor-pueblo-psoe-contra-libertad-educacion-113166.html