Por Pascual Tamburri, 15 de febrero de 2013.

Ya no es un caso suelto, ni unas escuchas policiales ilegales: el espionaje político parece ser tan habitual en Cataluña como la corrupción. ¿Totalitarismo para favorecer la ‘soberanía’?

El nacionalismo catalán, tan dividido en su interior, lleva tres décadas contándonos a todos, muy unido, que «Cataluña es diferente». Y tan ufanos, pretendían que todos, dentro y fuera de España, nos convenciésemos de que efectivamente las provincias catalanas eran más sanas, más industriosas, más honestas, y sus políticos más idealistas, más eficaces, más honrados. Una supuesta razón más, quizás, para la soberanía o, quién sabe, la independencia.

Sólo que no es verdad: Artur Mas está sentado sobre una montaña de casos de corrupción, de malversación, de prevaricación y de espionaje, que ahora mismo no parecen ser la excepción sino la norma en la vida pública catalana, afectando por igual a CiU y al PSC. El caso Pallerols, la trama de las ITV, el caso Palau, las cuentas de blanqueo del clan Pujol, la operación Mercurio y la corrupción municipal, con dimisión incluida del alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos. ¿Envidiable, no es cierto?

El último escándalo, el más grave por razones institucionales y legales, es el de las escuchas a políticos. Efectivamente, va a resultar que la Cataluña nacionalista «es diferente«, pero que lo es por la inseguridad jurídica que allí se vive. Toda una invitación a la independencia… para el que la quiera, con semejante panorama.

El último episodio empezó, o mejor dicho todo se ha empezado a saber al desvelarse que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, fueron espiadas, y sus conversaciones grabadas. Poco a poco los medios de comunicación, incluso La Vanguardia, han ido publicando la existencia de una masa de seguimientos, espionajes y grabaciones realizados por agencias de detectives privadas contra políticos y otras personalidades.

Sánchez Camacho ha levantado la veda al denunciar el espionaje sufrido por ella, lo que ha obligado a la Policía a una investigación más a fondo. Por el momento, y con el caso aún en pañales, se conoce la existencia medio millar de informes derivados de espionaje y escuchas a políticos de CiU, del PSC y del PP. Pero sólo se ha empezado a saber qué hay detrás de todo esto, que parece haber sido una práctica habitual en las luchas internas del PSC y de CiU, y de estos partidos contra otros, durante muchos años.

En el caso de Sánchez Camacho se acusa al exsecretario de Organización del PSC y diputado en el Congreso José Zaragoza, a través de Ana, Elisenda y Carina Villena Barjau y de la agencia de detectives Método 3. Todos lo niegan todo, aunque el testimonio y las pruebas aportadas por un ex policía, antiguo empleado de Método 3, puede conmocionar aún más la política catalana.

El portavoz de la Generalitat y conseller de Presidencia, Francesc Homs, dice que no existe «espionaje a gran escala», pero que quien lo haya hecho debe retirarse de la vida política, algo en lo que coincide el PSC. Conviene que sus palabras se recuerden según se conozcan los nombres de los espiados… y de los que encargaron las escuchas. Más prudente, por estar más informado, ha sido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que dice que hay «mucha información» y que se investigará «muy a fondo». Efectivamente, el partido o los partidos que hayan espiado a sus enemigos exteriores o interiores demostrarán que no merecen representar a los catalanes.

Una grave carencia legal, una práctica totalitaria

A la espera de los resultados de la investigación, es realmente grave que en España sea no sólo habitual sino técnicamente sencillo y en ocasiones hasta legalmente impunible la escucha y grabación de conversaciones privadas. El Ministerio del Interior, y en consecuencia todas las agencias vinculadas a él e incluso otras que formalmente no lo estén (no sólo el CNI), pueden acceder al sistema informático SITEL que permite la interceptación y recogida de comunicaciones, controlando no sólo las conversaciones orales sino los múltiples intercambios de información hoy existentes.

El Partido Popular en 2001 rechazó la implantación del sistema por pensar que incluso con una interceptación de conversaciones judicialmente autorizada no se podía violar el derecho constitucional a la intimidad; en 2004 el PSOE inició el uso del sistema sin atender a ninguna de esas razones, y en 2009 Soraya Sáenz de Santamaría llevó al Congreso una proposición no de ley pidiendo una regulación garantista de las escuchas, que Alfredo Pérez Rubalcaba, desde el Ministerio del Interior, desoyó por completo.

El caso SITEL sigue abierto, porque el PP planteó la necesidad de unas garantías que el PSOE no quiso dar y que ahora corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy regular. Está claro que en un Estado democrático de Derecho, como el PP pide desde 2009, debe prevalecer «la exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos». Si esto es válido para las escuchas oficiales, cuánto más lo será para las escuchas hechas por agencias privadas aunque estén al servicio de partidos o instituciones. Todo lo que en su tiempo dijo el PP sobre la utilización partidista del sistema SITEL, de la Policía y del CNI al servicio de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE sigue siendo ahora válido, y además aplicable al vergonzoso escándalo catalán.

Las escuchas catalanas multiplican la gravedad aún pendiente del caso SITEL. Sin garantía del derecho a la intimidad España será un Estado totalitario, en el que las libertades individuales y públicas se someten al capricho de los políticos y de otros poderes. Artur Mas no puede pretender ser ejemplo para nadie si preside una política basada durante años en esa violación de los derechos; en lo que sí tiene razón es que no hay sitio en nuestra vida pública para ningún político y para ningún partido que haya recurrido a escuchas de sus enemigos. Ahora toca llevar la investigación hasta el final y después ser consecuente con lo que se dice pensar. Al fin y al cabo, por menos que esto dimitió Richard Nixon cuando era presidente de la mayor democracia del mundo.

Pascual Tamburri Bariain
El Semanal Digital, 15 de febrero de 2013, sección «Ruta Norte».
http://www.elsemanaldigital.com/blog/anacleto-agente-secreto-protagonizaria-espias-chusca-127216.html