Por Pascual Tamburri Bariain, 6 de diciembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

El Partido Popular está decidido a sacar adelante la reforma universitaria iniciada por la LOU. Las incesantes protestas, de grupos de estudiantes en la calle y de grupos de profesores en los medios de comunicación, no han asustado a Pilar del Castillo ni a José María Aznar. Se anuncian nuevas movilizaciones, que en algunos casos serán violentas: los sindicatos marchan del brazo de los anarquistas y los comunistas, Zapatero se codea con los okupas, los rectores socialistas se fotografían con los huérfanos de Pol Pot, y los etarras son aclamados por los hijos desorientados de una clase media que no ha sabido educarlos.

Una reforma necesaria y popular

Esta reforma cuenta con el respaldo de la sociedad española. El Partido Popular la anunció en su programa electoral, no ya en 2000 sino en 1996 e incluso antes. Con esa propuesta electoral, explícito e implícito, ha obtenido la mayoría absoluta en las elecciones. El pueblo quiere la reforma, la mayoría de los universitarios también, y el Gobierno se debe a la gente, no a las minorías izquierdistas ni a los grupos de presión.

¿Qué pretende la reforma?

A estas alturas pocos han leído la Ley, y muy pocos han querido entenderla. Al margen de su desarrollo concreto, la Ley Orgánica de Universidades viene a romper con una Universidad anquilosada, lenta y torpe. Una Universidad mafiosa en la selección del profesorado, caciquil en su organización territorial y autonómica, ineficaz en la gestión de recursos públicos, desconectada de las necesidades sociales. Una Universidad que premia, en muchos casos, méritos no científicos ni docentes, sino meramente políticos.

¿Quién se opone a la reforma?

El desorden actual de la Universidad beneficia a muchos: los sindicatos que mangonean indebidamente en las decisiones académicas, los grupos de presión que condicionan la gestión de muchos rectores, las clientelas y escuelas que imponen sus candidatos en las oposiciones del profesorado, los partidos políticos que mueven sus peones en tan enrarecido ambiente, los estudiantes que no quieren formarse sino sólo obtener un título sin esfuerzo. Dice Rodríguez Zapatero que su partido va a «dar la batalla de la educación»; para hacerlo, se ha aliado con las fuerzas más retrógradas y egoístas de la intelectualidad española.

Los ciudadanos de a pie, en cambio, que han pagado este costoso desastre, tienen todas las razones para defender a Pilar del Castillo. También los estudiantes que estudian y los profesores que se dedican a su oficio, silenciosas mayorías. El buen sentido del pueblo español vale sin duda más que el voto oligárquico del Claustro de la Universidad Complutense, que el 4 de diciembre pidió la «retirada» de la LOU.

¿Qué le falta a la reforma?

Ha faltado rapidez y coraje en el iter legislativo: las Universidades con peor conciencia están dotando a toda prisa centenares de puestos docentes por el viejo y caciquil sistema (basta leer el BOE cualquier mañana), antes de que entre en vigor la Ley. Una norma administrativa urgente debería prohibir la creación de nuevos puestos de este modo fraudulento. Y la reforma no termina con la Ley. Será crucial su desarrollo reglamentario, en particular sobre la vida institucional interna de las Universidades (elecciones, concentración democrática de poderes en el Rector) y sobre la habilitación imparcial de nuevo profesorado. Además, antes o después deberá abordarse la reforma global del sistema educativo, sobre todo en los tramos no universiarios, ssegún el mismo espíritu. Empezando por el aún pendiente tema de las humanidades.

Por Pascual Tamburri Bariain, 6 de diciembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.