Por Pascual Tamburri Bariain, 18 de febrero de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.

Miguel Ángel Arias Cañete tiene razón: la propuesta Fischler para reformar la Política Agraria Común es totalmente negativa para España. De aplicarse en su forma actual, los agricultores españoles verían su renta reducida, de un día para otro, en 122.563 millones anuales de antiguas pesetas, y además quedarían abandonadas unos dos millones de hectáreas de cereal de secano y se sacrificarían diez millones de ovejas. En total, tal vez seis mil millones de euros en 2013.

No es hora de lamentos: hay que analizar posibilidades de combatir la propuesta, hay que proponer alternativas en Europa y hay que replantearse una política agrícola y rural nacional que sustituya o complemente la PAC. Todo el sector agrícola y todo el mundo rural apoyará al ministro si defiende los intereses nacionales, y apoyará a cualquier política de cualquier sino que lo haga. No hay distinciones políticas en este frente unido, pues todos los sindicatos y todos los partidos, además de las Cámaras Agrarias – demasiado tiempo postergadas -, mantienen un rechazo absoluto al plan de Fischler.

Para evaluar el plan de Fischler basta ver quién lo apoya en España: sólo el Círculo de Empresarios ha considerado positivo el paso «a una economía de libre mercado». La organización presidida por Manuel Azpilicueta considera que suprimiendo las subvenciones se conseguirá «racionalizar» el sector en un mercado globalizado y sin fronteras exteriores: se trata, tanto para Fischler como para los grandes capitalistas, de hacer competir al agricultor español con todos los del mundo, dejando menos de un 1% de agricultores y abandonando la mayor parte del territorio nacional. Los alimentos que Europa dejase de producir se podrían comprar más baratos en Marruecos, por ejemplo.

Pero esto supone olvidar por qué nació la PAC y en qué condiciones se desarrolló. Las subvenciones de la PAC no fueron pedidas por los agricultores, sino que se crearon para compensarles por la pérdida de renta que suponía la competencia libre interior en la UE. Eran además una estímulo a la modernización, una modernización que no se ha hecho sin dolor: por ejemplo, en el País Vasco, región lechera por excelencia, en 1990 había 8682 productores de leche de vaca. En 2003 quedan 1432, con un 83 % de reducción para los mismos litros producidos.

La propuesta Fischler supone un paso más: apertura total a las importaciones exteriores de la UE y reducción de las ayudas hasta su supresión en algunos casos. El espacio agrario no se entiende ya como la despensa de Europa sino como futuros terrenos urbanos o futuro parque natural. Buena lógica especulativa la de Fischler y Azpilicueta, con lamentables avales políticos en los meses pasados, que el Grupo Popular del Congreso debería meditar más a fondo. Pero quien quiera suprimir la PAC tendrá primero que afrontar el coste político y, después, tendrá que volver en buena lógica a la situación anterior a las subvenciones: un mercado nacional para los productos españoles.

Por Pascual Tamburri Bariain, 18 de febrero de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.