Por Pascual Tamburri Bariain, 2 de enero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

España ha garantizado los derechos humanos de los inmigrantes, mayores o menores, y trata de salvaguardar los derechos de los españoles, amenazados por la oleada de ilegalidad y de demagogia.

La suerte de los inmigrantes ilegales menores de edad ha afectado seriamente en las últimas fechas a la opinión pública española. Un problema jurídico y de orden público, que recae demasiado a menudo en los ciudadanos de las regiones más afectadas, ha sido reelaborado por los circuitos informativos progresistas como un asunto ético. Y mientras tanto, los menores -como los mayores- siguen llegando, y en más de un caso siguen delinquiendo y sobrecargando los ya magros presupuestos dedicados a seguridad.

Muchos meses después de que Marruecos se comprometiese a hacerse cargo de los millares de menores acogidos en España, los dos países han logrado firmar un acuerdo de repatriación de menores en virtud del cual la Policía marroquí debería hacerse cargo de estos menores. Es, por fin, la repatriación que la inmensa mayoría de los españoles desea para los inmigrantes ilegales, vengan de donde vengan, y tanto más para aquellos que o han sido separados traumáticamente de sus familias o han delinquido en nuestro país.

Gonzalo Robles y el director general de Asuntos de Interior marroquí, Mohamed Yassine Mansouri, han dado un ejemplo de política práctica: si los ilegales vienen de Marruecos es lógico que Marruecos sea su destino, incluso en el muy frecuente caso de ignorarse su origen. Otra cosa supondría legalizar toda inmigración, siempre que los extranjeros, menores o no, se negasen a declarar su procedencia. Como ha explicado el propio Ángel Acebes, serán las autoridades marroquíes las responsables de la tutela de los menores expulsados.

En determinados medios de comunicación, y en todos los ambientes autodefinidos como progresistas, ha escandalizado el acuerdo hispano-marroquí, que ha sido denostado desde hipótesis falsamente humanitarias y con una hipocresía pretendidamente humanitaria digna de mejor causa. Porque, en efecto, España ha garantizado los derechos humanos de los inmigrantes, mayores o menores, pero trata ahora de salvaguardar los derechos de los españoles, que en definitiva son los que más amenazados están por la oleada de ilegalidad y de demagogia.

Por Pascual Tamburri Bariain, 2 de enero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.