Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de mayo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

La llegada masiva de inmigrantes ilegales a España genera un problema humanitario y de seguridad ciudadana, y divide a los políticos. Se discute nuestro modelo de crecimiento.

A lo largo de las últimas semanas los españoles han asistido a un cambio rápido en la percepción pública de la inmigración. Precisamente las políticas migratorias, la llegada de extranjeros al territorio nacional y las posteriores actividades de algunas de estas personas en España se han convertido en las últimas horas en objeto de un intenso debate entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la oposición del Partido Popular.

Para los ciudadanos de Canarias no es un debate teórico, sino un problema humanitario que desborda las posibilidades ordinarias de asistencia. La llegada de inmigrantes africanos a las islas en cayucos ha saturado todos los servicios y ha terminado por poner en riesgo la seguridad de la población. Además se plantean complejos problemas legales y diplomáticos con los países de origen de los extranjeros, y con los barcos nodriza que sirven de soporte a la avalancha migratoria.

Esta situación coincide en el tiempo con el incremento de la delincuencia en España, incluso en formas particularmente peligrosas como el llamado «secuestro exprés». El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha admitido que hay una relación «entre la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana», y ha adoptado medidas de emergencia como el envío de refuerzos de la Guardia Civil a la policía autonómica catalana.

El Gobierno se enfrenta a una situación de emergencia, pero ésta tiene sus causas, en buena medida, en las decisiones tomadas por el propio Ejecutivo. Por eso la oposición solicita, junto a las medidas extraordinarias, un cambio de rumbo del equipo de Zapatero.

El PSOE llegó al poder en 2004 prometiendo «papeles para todos». Y efectivamente el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, apadrinó una Ley que permitía regularizar la situación de casi todos los inmigrantes entrados ilegalmente en nuestro país. Como advirtió en su momento el Partido Popular y la Unión Europea, la regularización extraordinaria ha terminado por generar un «efecto llamada», que tiene hoy su expresión más evidente en Canarias y que ha vuelto a colocar en España más de un millón de inmigrantes ilegales. Y esto en sólo un año y según las cifras más moderadas.

Coalición Canaria y el Partido Popular han pedido una impermeabilización de las fronteras, y el ministro de Defensa José Antonio Alonso ha entrado en el complejo e innecesario debate sobre la intervención que deban tener en esa política las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que, antes de decidir qué instrumentos se puedan emplear o no, el PSOE tendrá que optar por una nueva política para el futuro. No bastará acusar al PP de «colonialismo», precisamente cuando el Gobierno se dispone a «hacer de Estado» en los países que envían inmigrantes. Los españoles piden respuestas.

En realidad, el problema viene de lejos, y no se puede solucionar de inmediato, ya que implica una decisión sobre el modelo de desarrollo que se quiere para España. Mariano Rajoy, que mañana se enfrentará a Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación, tendrá ocasión de recordar su propia experiencia como ministro de Interior, cuando en 2001, con mayoría absoluta, el PP cambió la Ley de Extranjería. Una oportunidad para señalar las contradicciones actuales de las políticas gubernamentales.

Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de mayo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.