Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de marzo de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

El pasado domingo, 25 de marzo, la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña hizo pública una propuesta de convocatoria de referéndum de autodeterminación para el Principado. En la lógica nacionalista de los republicanos, «Cataluña es una nación», y por consiguiente un sujeto de potencial soberanía, cuya independencia como Estado sólo debe depender de la voluntad de los catalanes. Esa postura no tiene posible encaje democrático en la España constitucional, pero ERC viene reiterando propuestas y afirmaciones de esta naturaleza como parte de su estrategia de partido.

En este escenario ayer, martes, se produjo una novedad esencial: el presidente de CiU, Artur Mas, reclamó al Parlamento de Cataluña que reivindicase el «derecho de autodeterminación y se mostró dispuesto a pedir un referéndum independentista en caso de que el Tribunal Constitucional rechace el nuevo Estatut catalán, cuya constitucionalidad ha sido discutida. El centroderecha catalanista se une así a la exigencia radical de ERC, planteando un reto sin precedentes al Gobierno regional de José Montilla y al Ejecutivo nacional de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por el momento, Mas ha pedido que el Parlament declare expresamente que Cataluña «no renuncia al derecho de autodeterminación», a la espera de la decisión del Constitucional. Para el líder de CiU, las propuestas autodeterministas sólo deberían presentarse en caso de poder obtener una mayoría. Actualmente los escaños de ERC y CiU, sumados, bastarían para proporcionar esa mayoría en el legislativo autonómico catalán.

Sin embargo, CiU está hoy en la oposición, mientras que el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, es vicepresidente de la Generalitat que preside el socialista Montilla. El PSC gobierna de la mano de los independentistas, que imponen su criterio en áreas sensibles de Gobierno; pero Montilla es legalmente el máximo representante del Estado en su región, y Zapatero tiene entre sus obligaciones institucionales la defensa de la integridad territorial y jurídica del país. Nuevamente el presidente del Gobierno se enfrenta a una disyuntiva entre los deberes inherentes al cargo que ocupa y los intereses de poder de su partido.

Zapatero debe elegir. No es razonable que una región sea gobernada por los socialistas conjuntamente con los independentistas al mismo tiempo que éstos se lanzan a la ruptura del orden jurídico vigente. Por encima de la ideologías y de las cuotas de poder está en bien común de los ciudadanos, ante quienes el presidente del Gobierno ha de responder en breve.

Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de marzo de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.