La incoherencia del nacionalismo

Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de diciembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

30 de mayo de 2001: «Más allá de la política del regate en corto, de un acuerdo puntual, es absolutamente necesario profundizar, si realmente lo quieren, en acuerdos de fondo para tratar de garantizar modelos de cohesión y en relación con los escenarios de paz. Sólo de esos acuerdos de fondo podrían derivarse otro tipo de acuerdos de naturaleza más puntual».

18 de diciembre de 2001: «Al PSE quiero trasladarle que nuestra disposición a la negociación y al pacto sobre todos los problemas del país, hoy igual que ayer, es permanente con el PSE. Predisposición, por tanto, abierta a las conversaciones y, en su caso, a los acuerdos con el PSE partiendo solamente de un supuesto, el respeto mútuo a los postulados de cada cual».

El presidente Ibarreche se contradice a cada paso. Llegado al poder con un programa separatista, de «construcción nacional», se ve abocado a gobernar con apoyos externos, salvo que admita definitivamente una coalición con Batasuna. Y de momento no están los tiempos como para reconocer públicamente lo que toda España sabe: que entre el PNV y Eta, pasando por Ekin, Segi, Gestoras y Batasuna, no hay diferencias políticas, sino meramente formales.

Y así tenemos al presidente de la mitad de los vascos mendigando el apoyo de la otra mitad, sin renunciar a la independencia, el apartheid cultural y el racismo separatista. Ya que el PP no se presta al juego, la decisión vuelve, como hace veinte años, a las manos del PSE: El partido de Nicolás Redondo debe decidir si refuerza la estabilidad del gobierno de Vitoria, en beneficio inmediato de los vascos pero tolerando los manejos de los nacionalistas, o sin por el contrario mantiene el aislamiento democrático a un lehendakari que, desde el principio, dejó claro que no le interesan las instituciones actuales.

Hay que hacerse dos consideraciones. Evidentemente es malo para los vascos, y es malo para España, que los Presupuestos regionales se prorroguen. Es malo, y es innecesario, pero es la consecuencia lógica de la prepotencia y la ignorancia del nacionalismo en el poder. Por otro lado, ¿qué beneficia más al interés general de España? Porque no hay que olvidar que las instituciones vascas no deben ser usadas contra el ordenamiento vigente. Hay pocas dudas, en realidad: si para evitar la incomodidad de una prórroga presupuestaria los socialistas deben tolerar de alguna manera el proyecto de «construcción nacional», es mejor dejar a Ibarreche cocerse en su propia salsa.

El caso de Navarra no es comparable. Aunque al presidente Sanz le duela la comparación, en Navarra no hay Presupuesto por la baja política socialista, por intereses pueblerinos y mezquindades de todo género. Pero la situación es menos grave, ya que gobierna un partido con ideas muy claras respecto al papel de la región en España y sobre la debida lealtad institucional. Ciertamente, la oposición navarra, como el Gobierno vasco, sacrifica las necesidades del pueblo a las conveniencias de los partidos. Pero, en medio de todo, el futuro de los navarros tiene menos sombras que el de los vascos, con permiso de la brujuleante dirección socialista.

Un Presupuesto es un instrumento ordinario de gobierno. Como tal, estrictamente, debe ser utilizado en beneficio de todos, atendiendo al interés general. Si una fuerza política impide el normal desarrollo de la vida pública politizando el trámite presupuestario, o utilizando políticamente el presupuesto, está atentando gravemente contra el interés general de España. Es el caso de los socialistas navarros, que responderán de su actitud ante las urnas. Pero si es un Gobierno el que pretende emplear el Presupuesto de las instituciones que controla para demolerlas, rompiendo la unidad nacional y quebrantando la imperativa lealtad que le ata, entonces nos encontramos de lleno en el caso previsto por el artículo 155 de la Constitución. Si además ese Gobierno, con ese mismo presupuesto, ha financiado entidades manifiestamente terroristas, como las ahora ilegales Gestoras Pro Amnistía, entonces es tarea del Gobierno de la Nación imponer en el País Vasco las soluciones a corto, medio y largo plazo más convenientes para el futuro de España.

Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de diciembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.